Economía reclama un pacto autonómico para limitar el peso público en las cajas
El Ministerio de Economía teme que las resistencias de los poderes autonómicos a la propuesta de la Ley Financiera de limitar al 50% la representación pública en los consejos y asambleas de las cajas impidan la puesta en práctica de esta medida, reclamada desde hace tiempo por la Comisión Europea para eliminar cualquier duda sobre la naturaleza privada de estas entidades.
El Gobierno es consciente de que sin la colaboración de las comunidades autónomas será difícil poner en práctica la limitación a un máximo del 50% de la representación de corporaciones locales, comunidades autónomas, y otros entes de derecho público en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, una de las principales medidas que incluirá la Ley Financiera para profesionalizar el sector y eliminar posibles dudas sobre su naturaleza jurídica.
A pesar de que los partidos políticos y el propio sector se muestran públicamente partidarios de imponer este límite, fuentes del Ministerio de Economía y reconocen que las resistencias por parte de los poderes autonómicos pueden impedir su aplicación práctica.
En consecuencia, el Ministerio de Economía ha transmitido la necesidad de que se logre un pacto por el que los Gobiernos regionales se comprometan a incluir en sus propias leyes los topes a la participación pública que incorporará la ley estatal.
De hecho, varias comunidades autónomas socialistas han mostrado ya su rechazo a la propuesta, recogida también en el documento sobre el sector que presentó el grupo socialista la pasada semana.
Los Gobiernos autonómicos han hecho en los últimos años sus propias leyes de cajas, alterando a su favor, y muchas veces en detrimento de los impositores (representantes de los clientes), los porcentajes de representación contenidos en la Lorca (la ley que regula las normas básicas sobre los órganos rectores de las cajas).
El problema es que la doctrina constitucional existente deja la puerta abierta a que se varíen estos porcentajes. Así, mientras la Lorca reserva a la participación pública el 40% de la representación en los órganos de gobierno, hay muchas comunidades en las que este peso público sobrepasa en sus leyes incluso el 50%, como Asturias (75%), Andalucía (56%), Aragón (entre el 42% y el 52%), Canarias (54%), Cantabria (63%), Castilla-La Mancha (58%), Comunidad Valenciana (56%), Murcia (63%) o el País Vasco (54%).
Además de la posible pérdida de profesionalidad que puede derivarse de esta circunstancia, existe la amenaza de que la Comisión Europea considere que las cajas que se encuentren en esta situación merezcan la consideración de entidades públicas y no fundaciones privadas.
Precisamente, este riesgo es una de las principales justificaciones para incluir la medida entre los cambios normativos previstos para el sector. Pero el Gobierno no quiere abrir otro frente de batalla con las comunidades autónomas, después del conflicto surgido por la imposición de la tasa de las gasolinas.
Si se modificase la Lorca imponiendo el citado límite, pero las leyes autonómicas mantuviesen una participación pública superior, se podría plantear cuestión de inconstitucionalidad por infringir la norma básica del Estado.
Pero incluso aunque el Constitucional determinase que la ley autonómica es inconstitucional, habría que esperar a que se modificase la normativa, ya que sólo las comunidades autónomas pueden cambiar sus propias leyes y fijar los porcentajes concretos.
En cualquier caso, se presentaría un panorama muy alejado de la estabilidad necesaria en que las entidades deben desarrollar su actividad.
Eso explica la insistencia tanto del Gobierno como de las mismas cajas en reclamar que la reforma de la normativa del sector se haga por consenso.
Honorabilidad
La Ley Financiera complementará esta medida con otras destinadas también a profesionalizar el sector, como la irrevocabilidad del nombramiento de los miembros de los órganos rectores y la exigencia de requisitos de experiencia y honorabilidad profesional a los consejeros en las entidades, una norma común en otras entidades financieras.
Los cambios normativos previstos para el sector en la Ley Financiera incluyen también medidas dirigidas a fomentar la cooperación entre las cajas de ahorros y articular mecanismos jurídicos más flexibles para permitir el funcionamiento de las alianzas.
El Gobierno se muestra también preocupado por la necesidad de que las cajas avancen en la reestructuración de su organización interna, 'un deber ineludible en la agenda futura de las cajas', según fuentes de Economía.
Entre estos 'deberes ineludibles', se cita también la necesidad de una mayor internacionalización de su actividad y la de 'ofrecer servicios con menos costes' para seguir siendo competitivas.El Gobierno es consciente de que sin la colaboración de las comunidades autónomas será difícil poner en práctica la limitación a un máximo del 50% de la representación de corporaciones locales, comunidades autónomas, y otros entes de derecho público en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, una de las principales medidas que incluirá la Ley Financiera para profesionalizar el sector y eliminar posibles dudas sobre su naturaleza jurídica.
A pesar de que los partidos políticos y el propio sector se muestran públicamente partidarios de imponer este límite, fuentes del Ministerio de Economía y reconocen que las resistencias por parte de los poderes autonómicos pueden impedir su aplicación práctica.
En consecuencia, el Ministerio de Economía ha transmitido la necesidad de que se logre un pacto por el que los Gobiernos regionales se comprometan a incluir en sus propias leyes los topes a la participación pública que incorporará la ley estatal.
De hecho, varias comunidades autónomas socialistas han mostrado ya su rechazo a la propuesta, recogida también en el documento sobre el sector que presentó el grupo socialista la pasada semana.
Los Gobiernos autonómicos han hecho en los últimos años sus propias leyes de cajas, alterando a su favor, y muchas veces en detrimento de los impositores (representantes de los clientes), los porcentajes de representación contenidos en la Lorca (la ley que regula las normas básicas sobre los órganos rectores de las cajas).
El problema es que la doctrina constitucional existente deja la puerta abierta a que se varíen estos porcentajes. Así, mientras la Lorca reserva a la participación pública el 40% de la representación en los órganos de gobierno, hay muchas comunidades en las que este peso público sobrepasa en sus leyes incluso el 50%, como Asturias (75%), Andalucía (56%), Aragón (entre el 42% y el 52%), Canarias (54%), Cantabria (63%), Castilla-La Mancha (58%), Comunidad Valenciana (56%), Murcia (63%) o el País Vasco (54%).
Además de la posible pérdida de profesionalidad que puede derivarse de esta circunstancia, existe la amenaza de que la Comisión Europea considere que las cajas que se encuentren en esta situación merezcan la consideración de entidades públicas y no fundaciones privadas.
Precisamente, este riesgo es una de las principales justificaciones para incluir la medida entre los cambios normativos previstos para el sector. Pero el Gobierno no quiere abrir otro frente de batalla con las comunidades autónomas, después del conflicto surgido por la imposición de la tasa de las gasolinas.
Si se modificase la Lorca imponiendo el citado límite, pero las leyes autonómicas mantuviesen una participación pública superior, se podría plantear cuestión de inconstitucionalidad por infringir la norma básica del Estado.
Pero incluso aunque el Constitucional determinase que la ley autonómica es inconstitucional, habría que esperar a que se modificase la normativa, ya que sólo las comunidades autónomas pueden cambiar sus propias leyes y fijar los porcentajes concretos.
En cualquier caso, se presentaría un panorama muy alejado de la estabilidad necesaria en que las entidades deben desarrollar su actividad.
Eso explica la insistencia tanto del Gobierno como de las mismas cajas en reclamar que la reforma de la normativa del sector se haga por consenso.
Honorabilidad
La Ley Financiera complementará esta medida con otras destinadas también a profesionalizar el sector, como la irrevocabilidad del nombramiento de los miembros de los órganos rectores y la exigencia de requisitos de experiencia y honorabilidad profesional a los consejeros en las entidades, una norma común en otras entidades financieras.
Los cambios normativos previstos para el sector en la Ley Financiera incluyen también medidas dirigidas a fomentar la cooperación entre las cajas de ahorros y articular mecanismos jurídicos más flexibles para permitir el funcionamiento de las alianzas.
El Gobierno se muestra también preocupado por la necesidad de que las cajas avancen en la reestructuración de su organización interna, 'un deber ineludible en la agenda futura de las cajas', según fuentes de Economía.
Entre estos 'deberes ineludibles', se cita también la necesidad de una mayor internacionalización de su actividad y la de 'ofrecer servicios con menos costes' para seguir siendo competitivas.
Las cuotas participativas, por real decreto
La Ley Financiera no incluirá la reforma de la normativa de las cuotas participativas. Fuentes de Economía explican que el proyecto, que ya ha salido del Consejo de Estado y que en breve aprobará el Gobierno para remitirlo al Congreso, sólo incluirá al respecto una habilitación para que el Ejecutivo las regule por real decreto. En su elaboración participan el Banco de España y la CNMV.
La filosofía es conseguir un instrumento de renta variable, vinculado a los beneficios, carente de derechos políticos para adaptarlo a la naturaleza jurídica de las cajas, líquido, negociable y que pueda computar como recursos propios de primera categoría. Por eso, en el Ministerio de Economía y fuentes del sector de cajas, aunque son partidarios de incorporar ciertos límites, no entienden las excesivas restricciones que, a su juicio, incorpora el instrumento que recoge la propuesta del PSOE.
Este partido, por su parte, propone desterrar esta denominación para ahuyentar el fantasma de la privatización que, a su juicio, asoma en el imaginario colectivo cuando se habla de cuotas. Hace tiempo que el sector reclama modificaciones legislativas para facilitar la captación de recursos en los mercados de capitales y poder acceder a estos mercados en igualdad de condiciones con los bancos, sin que eso altere su forma institucional.
Hasta ahora, la vía principal de capitalización de las cajas es la retención de beneficios para constituir reservas.
También pueden emitir acciones preferentes, pero la normativa es muy rígida en este aspecto y las cajas tienen que emitir estas acciones desde paraísos fiscales como las islas Caimán. La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) propuso al Gobierno que agilizará la emisión de estas acciones preferentes y permitiera a las entidades emitirlas desde filiales constituidas en España, con ventajas fiscales.