Burocracia y desarrollo empresarial

Antonio Cancelo enumera todos los avatares y trabas administrativas que condicionan la creación y puesta en marcha de una empresa

Estos últimos días el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, ha dado a conocer el proyecto denominado Nueva Empresa, que pretende reducir el plazo necesario para la creación de una empresa desde los dos meses actuales hasta sólo dos días. La medida, no cabe duda, merece el aplauso, aunque para quienes llevamos tantos años comprometidos en el quehacer empresarial nos causa un indudable asombro el hecho de que haya tenido que transcurrir tanto tiempo para descubrir la necesidad de su implantación.

Al hilo de esta buena noticia, sugiero que constituya sólo el inicio de una revisión a fondo de todos los mecanismos administrativos que afectan al desarrollo empresarial, puesta en marcha y expansión posterior, que en su funcionamiento actual lastran con frecuencia la vida de las empresas. Afectan al Gobierno central, pero también a los autonómicos, provinciales, municipales y otros organismos, dependientes o no, tales como aguas, carreteras, bomberos, tendidos eléctricos, etc.

En ningún caso cuestiono la validez de los mecanismos existentes, pero sí la complejidad de su funcionamiento, su burocracia, las dilaciones, los retrasos, etc., que aislados, no se valoran en su exacta incidencia, pero que a la postre acaban afectando a la capacidad competitiva de un país. Creo que en general falta conciencia de la interacción entre micro y macroeconomía, contemplándose como universos aislados, con lógicas de comportamiento diferenciadas.

Mientras se persiguen grandes objetivos desde la óptica política, tales como el incremento de la inversión, la contención de los precios o la generación de empleo, se obstaculiza la creación de proyectos que precisamente contribuyen a su logro, lo que constituye una flagrante contradicción.

Se deberían cumplir todos los requisitos legales que garanticen que cualquier proyecto empresarial respeta los intereses generales, sin que ello ocasione retrasos innecesarios producidos por la lentitud de las decisiones administrativas. A lo largo de mi vida me he encontrado de vez en cuando con personas activas, técnicas y políticas, con voluntad orientada a la solución de los problemas, que han decidido en seis meses lo que a otros en circunstancias similares les ha costado más de dos años, en el mejor de los casos.

En sentido contrario, la experiencia personal más frustrante fue la construcción de un centro comercial que desde la toma de decisión interna y la realización de las primeras inversiones, importantes y arriesgadas, porque se trataba de la compra de terrenos, hasta su apertura, exigió la friolera de más de 10 años. Ya sé que estoy hablando de una de las actividades malditas del mundo empresarial, que con frecuencia concita las iras de tirios y troyanos, pero a pesar de todo resulta injustificable el desperdicio de tiempo y el despilfarro de dinero.

Parece claro que todo proyecto puede o no resultar viable, me refiero desde la perspectiva legal, y que no todo lo que pretendemos hacer desde la iniciativa empresarial es posible, por lo que entiendo que haya peticiones que se denieguen, pero lo que no entiendo es que se necesiten 10 años para algo cuya ejecución real, es decir, el tiempo para su materialización, supera apenas los 12 meses. Provoca mucho desaliento dedicar tantas horas de las mejores personas a la resolución de cuestiones administrativas cuando se es consciente de que aun en el caso de conseguir remover los obstáculos existentes, nada se ha concluido y todo queda por hacer. Un proyecto empresarial se sustenta no en la consecución de las autorizaciones, aunque sea un requisito imprescindible, sino en lograr situar en el mercado una oferta atractiva que movilice la voluntad de los clientes potenciales.

Porque no conviene distraer la dedicación de lo que constituye el núcleo básico de cualquier iniciativa empresarial, bueno sería que al cumplimiento estricto de lo legislado o normativizado se incorporase un requisito adicional, la exigencia a las Administraciones de plazos límites, conocidos y garantizados, para la resolución de todo tipo de expedientes.

Si se hiciera un análisis de las economías más competitivas en el mundo, estoy seguro de que entre los factores diferenciales encontraríamos, y además en lugar destacado, la sencillez de las relaciones entre el mundo empresarial y las Administraciones. Buena prueba puede constituir el hecho del tiempo necesario para la constitución de una empresa, del que he partido en esta reflexión, y que pretende reducirse a dos días a partir de 2003, cuando en Estados Unidos es de 24 horas desde hace ya muchos años.

El camino iniciado es bueno, pero hay que continuarlo mediante la sistematización de un modelo de revisión en profundidad de la toma de decisiones en los órganos de las diferentes Administraciones. Una Administración ágil constituye un presupuesto básico para un país competitivo, ya que incentiva el ánimo de los emprendedores en la búsqueda de nuevos proyectos empresariales y en el desarrollo de los existentes, contribuyendo de este modo al crecimiento económico y a la generación de empleo.