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Pesca veta el registro de cuatro buques de Astilleros de Huelva

La Dirección General de Pesca ha rechazado incluir en el censo operativo (el permiso para operar en la Unión Europea) cuatro buques de pesca recién construidos por Astilleros de Huelva para la compañía onubense Artipesca y valorados en 12 millones de euros. El Gobierno aduce que las bajas de otros tantos barcos que debe ofrecer la empresa compradora para dar de alta a los nuevos no son aceptables.

La normativa obliga a los armadores pesqueros a dar de baja tantos buques antiguos como nuevos va a incorporar a su flota. Pero la Dirección General de Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, no ha admitido el canje que le ha presentado la armadora onubense Artipesca, basándose básicamente en que no ha acreditado convenientemente los días de actividad de dichos buques.

Fuentes cercanas a las empresas afectadas indican que la Administración incurrió en silencio administrativo, motivo por el que entendieron que podrían construir los barcos, sobre todo después de obtener el visto bueno de la Junta de Andalucía.

Según dichas fuentes, la Dirección General de Pesca rechazó en primera instancia las bajas de buques presentadas por la empresa, lo que motivó que ésta presentase alegaciones.

Construcción de los barcos

Sin embargo, estas alegaciones no tuvieron respuesta por parte del Gobierno central después de que la Junta de Andalucía autorizase su construcción. Ambas empresas afectadas decidieron construir los barcos por entender que se había producido un silencio administrativo.

Pero tras la decisión final de la Dirección General de Pesca, Artipesca ha tenido que resolver el contrato con Astilleros de Huelva y ahora esta compañía ha tenido que absorber todo el coste gracias a un crédito de 9,6 millones de euros otorgado por la Caja de Ahorros El Monte.

El astillero onubense, uno de los pocos privados de España, estuvo a punto de presentar un expediente de regulación de empleo para parte de sus 160 trabajadores, pero la llegada del crédito ha abortado esta solución drástica.

El astillero presentará un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Dirección General de Pesca, pero sus responsables admiten que el contencioso podría prolongarse por muchos años. La única salida para los buques amarrados es proceder a su venta a países que operen con banderas ajenas a la Unión Europea, dado que el censo operativo es un registro de ámbito comunitario.