Duhalde se compromete a garantizar el control de precios y el tipo de cambio
La situación argentina ha entrado en un compás de espera tras el anuncio del nuevo plan económico. El Gobierno se esfuerza ahora en impedir que la devaluación se traslade a los precios y que se produzca un impacto inflacionista que dé al traste con el esfuerzo estabilizador. Mientras elabora el nuevo Presupuesto para 2002, la Administración abre negociaciones con las empresas privatizadas y el FMI, al tiempo que prepara la segunda fase de la reestructuración de la deuda. Estados Unidos y el Fondo inician contactos con Argentina, en tanto España y Europa rechazarán pagar la factura de la crisis. Brasil y el Mercosur acogen con alivio el cambio económico.
El ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, se esfuerza en evitar que la devaluación del peso anunciada ayer se traslade a los precios y provoque una reacción popular en cadena. El abandono de la convertibilidad, que fija la cotización del dólar de un peso a 1,40, una depreciación del 28,57%, puede determinar que se profundice la recesión iniciada hace 42 meses y tornaría insostenible al nuevo plan económico, tanto técnica como socialmente, si esto se combina con una mayor inflación.
"Pensamos que el aumento de precios en términos globales tiene que ser mínimo. Habrá subidas puntuales, por ejemplo, en algún producto de importación", dijo ayer Remes, quien pidió a comerciantes, industriales y asociaciones de consumidores que controlen e impidan la remarcación al alza de los precios. Sin embargo, los comercios ya venden con valores ajustados al nuevo tipo de cambio. En concreto, los electrodomésticos y otros productos no alimentarios aparecían ayer con precios aumentados de manera ajustada a la devaluación.
Mientras tanto, el Gobierno busca acordar con las farmacias y con los laboratorios un plan de pagos para cancelar las deudas que el Estado mantiene con esas empresas, y les han pedido que no aumenten sus precios y mantengan la distribución.
La población, en gran parte beneficiada por la conversión de las deudas hipotecarias y personales de dólares a pesos, ha abierto un compás de espera para valorar la evolución de los precios y qué hará el nuevo Gobierno con la congelación de los depósitos bancarios. Este punto desencadenó el derrocamiento del Gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa, pero las autoridades económicas todavía no le han dado respuesta. En plena época de vacaciones en el verano austral, las playas y otros centros turísticos están casi vacíos, en parte debido a las restricciones bancarias y a la crisis generalizada.
El Gobierno ha decretado que ayer y hoy rija un completo cierre bancario y cambiario y, al igual que la Bolsa, no operarán hasta mañana.
El ministro de Economía reiteró que el mercado oficial y el mercado libre de divisas se unificarán en los próximos meses, aunque no precisó cuántos. Para evitar que la cotización del dólar se dispare a niveles astronómicos, se ha determinado un tipo de cambio fijo oficial para exportaciones e importaciones y se ha dejado un segmento libre para el resto de operaciones. Ayer, en este mercado paralelo, la divisa estadounidense se vendía a 1,50 pesos, 10 centavos más que el tipo oficial.
El esquema adoptado se ve reforzado por la falta de liquidez generada por la congelación de los depósitos. Sin ayuda externa del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del G-7, Argentina no podrá eliminar las restricciones bancarias pues ello produciría una quiebra del sistema financiero. De lo contrario, enfrentará el descontento popular y profundizará la depresión económica.
El FMI y Washington están en contra del desdoblamiento cambiario y no creen en el plan económico. Pero ayer llegaron a Buenos Aires dos importantes funcionarios del Fondo, Tomás Reichmann y John Thornton. No hubo anuncio oficial ni del FMI ni del Gobierno argentino, pero según pudo saber este periódico, la decisión fue adoptada el domingo ante la honda preocupación estadounidense por la crisis.
El Presupuesto en elaboración se basa en criterios de austeridad estrictos. No se emitirá para financiar el gasto, a excepción de los 3.000 millones de pesos ya previstos y otros 2.800 millones de bonos, una cuasi-moneda. Las reservas, que hoy sobrepasan apenas los 8.000 millones de dólares (8.800 millones de euros), sirven para respaldar esta emisión extra debido a la devaluación producida.
Pero una alta fuente financiera dijo que, "en realidad, la pérdida que sufrirán los bancos con el paso de los préstamos de dólares a pesos será de más de 6.000 millones de dólares. Sumado a las ayudas que han recibido del banco central, eleva el rojo del sistema a unos 14.000 millones de dólares. El impuesto extraordinario sobre las exportaciones de hidrocarburos no servirán para compensar este hueco".
Y agregó: "Si la situación no mejora y el Gobierno no resuelve esta crisis, marchamos en corto plazo a una quiebra del sistema y a una, en ese caso, inevitable nacionalización de la banca".
La situación de las compañías privatizadas, mayoritariamente de capital español, es crítica. Ayer se aprestaban a reunirse con el Gobierno para discutir su futuro, sujeto ahora a una renegociación de sus contratos de concesión. El desenlace de estas conversaciones estará sujeta a la evolución general de la crisis económica y política.
Juegos de equilibrios para cuadrar el Presupuesto para 2002
El jefe del gabinete de ministros de Argentina, Jorge Capitanich, aseguró ayer que el Gobierno se propone elaborar un Presupuesto 2002 sin déficit y evitar una mayor crisis para las empresas extranjeras y nacionales, luego de la devaluación del peso.
"Tenemos el objetivo de entregar un Presupuesto con equilibrio fiscal", dijo Capitanich, mano derecha del presidente Eduardo Duhalde. Asimismo, destacó que, "a partir de la ley del Congreso y de su reglamentación, se abre un campo de negociaciones a nivel sectorial. Eso se irá definiendo en el transcurso de esta y de la próxima semana".
Sin embargo, la preocupación entre los directivos de las empresas privatizadas, donde Repsol YPF, Endesa, BBVA, BSCH, Telefónica, Gas Natural, Aguas de Barcelona y Marsans representan la mayoría de capital, crece con las horas. Ayer, a las seis de la tarde de Argentina, Capitanich se disponía a recibir a los representantes de esas compañías para negociar los cambios en los contratos de concesión. Antes del encuentro, Capitanich dijo que "las empresas petroleras manifestaron su voluntad de reducir a cero el 8% de incremento en el precio del gasóleo y no trasladar al precio final del combustible el impacto de la devaluación". No fue posible confirmar esta afirmación en las empresas del sector.
Para las empresas argentinas, un informe de la Fundación Capital advirtió ayer de que "los incumplimientos de pagos de las compañías van a ser moneda corriente". Al respecto, el trabajo precisa que "el 80% del endeudamiento de las empresas se encuentra dolarizado, por lo que, al tener los ingresos pesificados y los egresos en dólares, claramente se entra en una situación de quebranto".