Argentina pone fin a 10 años de régimen cambiario con una devaluación
Tras la asunción de la mayoría de los nuevos ministros, el Gobierno del presidente Eduardo Duhalde preparaba anoche el anuncio del programa económico que marca el fin de la convertibilidad. El eje del plan será una devaluación del peso cercana al 40%. Habrá dos tipos de cambio. Se enviará al Congreso una ley de salida de la convertibilidad, que incluye el Presupuesto 2002. El nuevo programa comenzará a regir el lunes y se presentará de inmediato al FMI para buscar una ayuda de 15.000 millones de dólares (16.500 millones de euros). Se temen conflictos sociales.
El flamante ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, trabajaba ayer contrarreloj para adelantar el anuncio de su plan, inicialmente previsto para hoy. Fuentes del Palacio de Hacienda dijeron ayer por la mañana que "querríamos anunciarlo esta noche, pero no sabemos si llegaremos".
El pivote del programa es una devaluación del peso, que pasaría a cotizarse a 1,38 o 1,40 por dólar, en línea con el nivel de reservas y con la base monetaria, así como con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La idea del nuevo equipo económico es que la devaluación sea "controlada", manteniendo esa nueva paridad por un periodo de 90 días. El plazo no es casual, ya que el Gobierno estima que para llegar a un nuevo acuerdo con el Fondo harán falta varias semanas, al igual que para avanzar en la reestructuración de la deuda pública con los acreedores externos.
Luego de ese periodo inicial, se ligará el peso a una cesta de monedas integrada por el dólar, el euro y el real brasileño, y se dejaría flotar la cotización del peso. Hasta entonces, habría un tipo de cambio diferenciado para las operaciones comerciales y de turismo, que sería libre y, por tanto, más alto. Con la cesta de monedas se eliminaría este desdoblamiento del tipo de cambio y se convergería en uno solo.
El gran problema que enfrenta el nuevo esquema está relacionado con el sistema bancario. La clave del plan es la desdolarización de la economía. Esto significa que todas las deudas pasarán a pesos, incluidas las tomadas en dólares. En el caso de los tomadores de hipotecas y créditos al consumo, que en un 80% lo han hecho en dólares, sus deudas serán pasadas a pesos. Es decir, que quien deba 100.000 dólares pasaría a deber 140.000 pesos, lo cual supone un incremento enorme de la deuda. Otra posibilidad, pero que ha sido prácticamente descartada, es que se le reconozca una paridad de 1 a 1 a esos deudores, haciéndose cargo el Estado de un subsidio a la banca para evitar su quiebra.
La tercera posibilidad que no descartan y temen las empresas y, principalmente, los bancos extranjeros, y entre ellos los españoles, según fuentes financieras consultadas por este periódico en Madrid, es que el nuevo Gobierno les obligue a asumir el coste de mantener la paridad para los clientes endeudados en dólares. Y eso supondría, sin duda, el derrumbe del sistema financiero.
Una situación que se extiende a las empresas endeudadas en dólares en el país y con el exterior y que podría llevar a su colapso. A las que deben dólares a los bancos locales se les aplicaría el mismo mecanismo que a las hipotecas. Aquellas que tomaron créditos en mercados internacionales se las integraría en el canje de la deuda pública, por lo cual deberían negociar con sus acreedores una quita de capital y una baja de tipos.
Mientras comienzan a escasear productos de primera necesidad como la insulina, los precios aumentan y el desabastecimiento crece ante la incertidumbre sobre el devenir económico, se teme que estas medidas desaten otra marea de rebelión popular. Una alta fuente del Gobierno dijo, bajo condición de anonimato, que "nosotros vamos a hacer un Presupuesto 2002 sin déficit y llevaremos a buen puerto este programa como sea. Los que salgan a protestar a las calles que hagan lo que quieran".
Para las empresas españolas el futuro es oscuro. El nuevo jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo ayer que España "tiene que cooperar" porque Argentina está en un "proceso de ebullición". Esto supone, entre otras medidas, que las tarifas de servicios públicos dejarán de estar denominadas en dólares y que no se regirán más por el IPC de Estados Unidos.
Los bancos también rechazan el paso a pesos de las deudas en dólares. La implicación para las empresas españolas es directa y, no en vano, diversos ministros del nuevo gabinete reconocieron ayer que ya han entablado contactos con sus homólogos españoles y el propio presidente del Gobierno, José María Aznar.