Los apagones eléctricos se extienden a Madrid y Valencia

La fuerte demanda de energía eléctrica a consecuencia de la ola de frío ha seguido creando tensiones en el sistema. Ayer Red Eléctrica de España ordenó a Unión Fenosa e Iberdrola retirar potencia del mercado madrileño y valenciano para "mantener la seguridad del sistema eléctrico nacional" y evitar nuevos apagones. La demanda llegó a 35.500 megavatios (MW), muy cerca del máximo histórico.

La decisión de Red Eléctrica obligó a Unión Fenosa, por ejemplo, a suspender el suministro a 11 clientes industriales, ubicados en los alrededores de Madrid, así como a tres polígonos industriales del sur de la capital. En conjunto, la operadora retiró 100 MW.

Iberdrola, por su parte, retiró 200 MW en Madrid y otros 200 MW en Valencia para evitar el colapso del sistema. Las puntas de demanda registradas ayer se producen tras el corte de suministro sufrido por Barcelona y cientos de localidades catalanas en la tarde del viernes.

El Gobierno catalán considera que en los últimos tres días Endesa ha incurrido en tres "faltas muy graves", que podrían ser sancionadas con multas de entre 100 y 500 millones de pesetas (600.000 y tres millones de euros). El director general de Energía, Albert Mitjà, confirmó ayer que la Generalitat notificará en breve su decisión a la compañía, basándose en una resolución aprobada por el Gobierno autonómico hace seis meses que le faculta a imponer estas sanciones.

El primero de los tres expedientes sancionadores abiertos por el Ejecutivo catalán hace referencia al corte de suministro que dejó sin luz el viernes a 200.000 usuarios del área de Barcelona, el segundo está motivado por los incidentes que se produjeron en la red de distribución de baja y media tensión como consecuencia de las nevadas del fin de semana y el tercero se refiere a las deficiencias detectadas en la comunicación de la compañía con los medios de comunicación, los clientes y las instituciones afectadas, entre ellas la Generalitat y los ayuntamientos, que "Fecsa tenía la obligación de poner al corriente de lo que sucedía", según Mitjà. Según el consejero de Industria catalán, Antoni Subirà, "las sanciones son el castigo adecuado y el toque de atención necesario para que la eléctrica, los medios de comunicación y la opinión pública se den cuenta de la necesidad de mejorar la red eléctrica".

A este respecto, y para hacer frente a la ola de frío, Endesa ha acordado con la empresa marroquí ONE importar 35 MW durante las horas de mayor demanda esta semana, con el fin de asegurar el abastecimiento.

Aunque el apagón se originó como consecuencia de la caída de un cable de Fecsa Endesa en el tendido que une las subestaciones de Rubí y de Terrassa, la Generalitat ha abierto un cuarto expediente a Red Eléctrica Española (REE), que gestiona el transporte en alta tensión. En este caso, según MItjà, se trata de un expediente informativo para determinar la repercusión de la desconexión de tres transformadores en las subestaciones de Pierola, Begues y Rubí, que pudieron contribuir al efecto dominó que se tradujo en el colapso energético del viernes.

Endesa considera que parte de la responsabilidad es atribuible a la empresa pública estatal, mientras que ésta atribuye el origen de los incidentes a problemas producidos en la red de Fecsa-Endesa por culpa de la meteorología. Mediante un comunicado, REE reiteró ayer que sus instalaciones funcionaron "con total normalidad". La Comisión Nacional de la Energía, por su parte, ha anunciado la elaboración de un informe "minucioso" en el que determinará si la avería se produjo como consecuencia de un hecho fortuito o bien si está relacionado con la situación de la red de distribución.

Más inversiones

Hace apenas dos semanas el director general de Fecsa, Miquel Vila, reconocía en unas jornadas que "la calidad del servicio no ha empeorado, aunque tampoco ha mejorado". Esta situación cambiará radicalmente a partir del 1 de enero, ya que con la entrada en vigor de los dos decretos que aprobó la Generalitat el pasado 4 de diciembre, ésta podrá exigir el cumplimiento de una calidad mínima del servicio prevista por la norma, así como ordenar que lleve a cabo inversiones urgentes para garantizarla.

La nueva regulación obliga a la eléctrica, que controla el 95% del mercado en Cataluña, a revisar las instalaciones cada tres años y realizar las inversiones necesarias para paliar las deficiencias.

El plan de la energía, aprobado recientemente por el Gobierno catalán, estima que Fecsa debe invertir 240.000 millones durante los próximos cinco años. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona reclamó ayer a la eléctrica que destine 30.000 millones a construir una decena de subestaciones en la capital catalana.

Mientras el suministro energético vuelve a la normalidad, la tormenta política no ha hecho más que empezar. Además de la comisión de investigación y el pleno extraordinario solicitado por el presidente del PSC, Pasqual Maragall, el PP amenazó ayer con aparcar su alianza con CiU y reclamar responsabilidades políticas por lo sucedido con los apagones.

 

La calidad final, pendiente de desarrollo

Al margen de las sanciones que la Generalitat pueda imponer a Endesa o a REE, los consumidores no se benefician todavía de los descuentos automáticos en la factura de la luz que prevé la nueva normativa autonómica. Estos reembolsos, que pueden alcanzar el 10% de la factura anual de una empresa, no podrán ser efectivos hasta la entrada en vigor de los dos decretos autonómicos, el próximo uno de enero. Si la eléctrica los incumple, podrá ser sancionada.

El real decreto aprobado por el Gobierno en diciembre del año pasado regula por primera vez la calidad zonal e incluso prevé multas administrativas, pero deja pendiente la regulación de la calidad individual hasta que las eléctricas propongan cómo abordarla. Hasta la fecha, según los expertos consultados, no se ha avanzado en esta materia.

La normativa catalana supone, en este sentido, un claro endurecimiento de la legislación estatal.

Ante la imposibilidad de indemnizaciones automáticas, la Organización de Consumidores y Usuarios de Cataluña (OCUC) se ha ofrecido para tramitar las reclamaciones de los abonados perjudicados por los apagones del fin de semana. La Confederación del Comercio de Catalunya (CCC), por su parte, instó ayer a los 25.000 comercios afectados por los apagones a reclamar indemnizaciones por los daños causados por la avería. El Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo autonómico) ha iniciado también una investigación de oficio.

La nueva normativa de la Generalitat regula además, por primera vez, los llamados microcortes. Estas interrupciones del suministro, inferiores a tres minutos, no podrán superar una determinada frecuencia anual, establecida en función de si se trata de áreas urbanas, semiurbanas o rurales. Las patronales de pymes catalanas reclamaban desde hace años la regulación de estos microcortes.