Las operadoras actuales de móvil logran que se limite la entrada de competidores
El reglamento que permitirá el nacimiento de los operadores móviles sin red supone una buena noticia para las compañías que ya operan en este sector. El Gobierno ha presentado el último borrador de una orden ministerial que prevé entrar en vigor el 1 de enero y que permitirá a Telefónica Móviles, Vodafone y Amena decidir si firman acuerdos o no y en qué condiciones, lo que en la práctica les permite controlar quién entra en el mercado. La normativa también da vía libre a compartir redes, aunque tendrán que respetar los compromisos de inversión.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha dado ya los últimos retoques a la figura de los operadores móviles virtuales (sin red) y ha hecho circular el borrador de orden ministerial entre las compañías afectadas. La intención del Gobierno es que esta figura entre en vigor a partir del 1 de enero del próximo año, una fecha que en el sector se considera muy ajustada y que supondría, en el mejor de los casos, definir la regulación con un año de retraso.
La llegada al mercado de los operadores móviles virtuales es ya la única alternativa que le queda al Gobierno para reactivar la competencia en este segmento. Las otras posibilidades quedaron frustradas, después de que el Ejecutivo diera marcha atrás en la concesión de dos licencias en la tecnología GSM y de que Xfera retrasara su lanzamiento hasta la llegada de la tercera generación.
El borrador que ha redactado el Gobierno, sin embargo, permite a los tres operadores actuales determinar cómo, cuando o, incluso, si permiten esta competencia.
La nueva regulación es incluso más permisiva que el último borrador que el Ejecutivo circuló la pasada primavera, también con intención de que su aprobación fuera inminente. Sin embargo, los conflictos surgidos entre el Gobierno y las operadoras de móvil a raíz de la polémica tasa por el uso del espectro radioeléctrico han retrasado meses su aprobación. El actual borrador es el primero que presenta Ciencia y Tecnología desde entonces y llega sólo tres semanas después de que Telefónica Móviles y Vodafone aceptaran por sorpresa pagar el impuesto.
El nuevo documento elimina la única obligación que, según el primer borrador, tenían las telefónicas celulares frente a los operadores sin red. Telefónica Móviles, Vodafone y Amena tenían que repartir la capacidad excedentaria de su red con la nueva competencia. En caso de que la demanda superara a la oferta, las telefónicas estaban obligadas a subastar la capacidad sobrante entre las peticiones.
Menos obligaciones
Esta obligación ha sido eliminada en el borrador remitido el 4 de diciembre a las compañías. El principio que inspira el proyecto de orden ministerial es "reducir la intervención administrativa al mínimo necesario para la introducción de nuevos modos de competencia bajo la regla de permitir y no obligar". Con esta premisa, la actuación regulatoria se basa en la promoción de acuerdos voluntarios entre las partes, que no supongan una "desincentivación" a la inversión por parte de los operadores de móviles.
La orden ministerial en trámite no permitirá que los operadores sin red consigan códigos y recursos de numeración hasta que no puedan demostrar que han llegado a un acuerdo con las telefónicas celulares para revender capacidad o servicios.
Otra de los importantes cambios que existen entre el primer borrador y el segundo son los deberes de Telefónica Móviles, Vodafone y Amena. Los acuerdos son voluntarios, así que ellos tienen todo el poder de decisión, y el único principio que deben respetar es el de "no discriminación". La nueva redacción elimina la obligación de transparencia y, sobre todo, de orientación a costes, lo que implica que las actuales telefónicas pueden imponer el precio que quieran por revender capacidad, siempre que sea igual para todas las peticiones.
El principio de orientación a costes, sin embargo, implicaba la obligación de fijar los precios en relación con los gastos en los que incurre el operador por dar el servicio. Y el regulador tiene derecho a verificar estos costes en los casos de las dos compañías dominantes, Telefónica Móviles y Vodafone.
El borrador de operadores móviles virtuales, con todo, contiene un revés para las telefónicas celulares. El Ministerio de Ciencia y Tecnología quiere aprovechar el documento para regular la compartición de infraestructuras, una de las más importantes reclamaciones del sector. Y la disposición adicional séptima del proyecto lo hace.
El Gobierno permite expresamente compartir las redes y dejar vía libre a las compañías de móvil para firmar acuerdos de itinerancia nacional entre ellas. Esta posibilidad supone emplear "la red de otro operador móvil en áreas en las que el operador con el que tiene el contrato no dispone de una red propia".
La mala noticia para Telefónica Móviles, Vodafone, Amena e, incluso Xfera, está en el segundo párrafo. "En todo caso, el alcance de estos acuerdos se establecerá sin perjuicio del cumplimiento de los compromisos a los que los operadores [...] se obligaran en el proceso de otorgamiento de sus correspondientes títulos habilitantes".
Esta matización hace que, hoy por hoy, los planes para compartir redes sean inviables, ya que el objetivo que perseguían con ello los operadores era reducir las fuertes inversiones prometidas en el concurso de UMTS. Pero rebajar el desembolso conllevará, según la línea del Gobierno, el incumplimiento de los compromisos y, por tanto, la retención de los cuantiosos avales depositados.