Las "telecos" piden que se ponga fin al caos de las antenas de móviles
Las compañías de telecomunicaciones dicen vivir una dramática situación por el bloqueo del despliegue de antenas de telefonía móvil en más de 500 municipios. Desde el comité que han creado para calmar a la opinión pública, Siemens, Amena, Vodafone, Telefónica Móviles, Xfera, Ericsson y Nortel piden al Ejecutivo que "ponga orden en las diferentes normativas estatales, municipales y autonómicas e informe al ciudadano que la red del móvil cumple con todas las condiciones sanitarias y de seguridad".
Dos meses después de que el Gobierno aprobase el real decreto que regula la instalación de antenas de telefonía móvil, continúa la alarma social en los ayuntamientos y comunidades de vecinos, lo que sigue siendo un problema para las compañías de telecomunicaciones. Todas ellas, Amena, Vodafone, Telefónica Móviles, Xfera, Siemens, Ericsson y Nortel, han decidido unirse para calmar a la opinión pública en el Comité para el Desarrollo de las Infraestructuras de Telecomunicaciones. Desde él piden al Gobierno que "lidere la solución a la crisis que padece el sector y ponga orden en la legislación sobre esta materia, que cuenta con diferentes normativas en el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos".
A juicio del portavoz del comité, Edmundo Fernández, "las compañías de telecomunicaciones se encuentran en una situación dramática, ya que sufren el bloqueo de la instalación de bases de telefonía móvil en más de 500 municipios de España. æpermil;stos están paralizando los proyectos de antenas de móvil alegando criterios de edificación".
Ayuntamientos como el de Murcia, A Coruña o Móstoles ( Madrid) aplican sus propias ordenanzas, siendo más exigentes en aspectos urbanísticos que el propio real decreto. "No es normal", señalan en el comité, "que en un municipio podamos poner la antena dentro de la ciudad y en otro ayuntamiento o comunidad tengamos que ubicarla fuera del espacio habitable, o incluso quitarla, dependiendo de la ordenanza existente".
Según los expertos del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, "es erró-neo alejar el emplazamiento de las antenas fuera del casco urbano, ya que el terminal del móvil que usan los ciudadanos estará obligado a emitir con más potencia y esto será más perjudicial".
Normativa tipo
Las compañías de telecomunicaciones dicen que no tratan de limitar las competencias de los municipios ni de las comunidades autónomas. "Sólo deseamos que exista una coordinación entre los diferentes organismos para que podamos tener como referencia una normativa tipo en la que se incluyan las mismas condiciones y criterios a la hora de instalar una estación de telefonía móvil en cualquier lugar de España". El objetivo es evitar la actual fragmentación del ordenamiento jurídico en esta materia.
Edmundo Fernández indica que "esta confusión y alarma social infundada entre los ciudadanos es fruto del retraso que ha sufrido la normativa, aprobada después de lo previsto, y de la difusión de una información incorrecta, no basada en evidencias científicas".
Por esta razón, el comité pide también al Gobierno que realice una campaña de divulgación para dar a conocer a los españoles que todas las instalaciones cumplen con las normas establecidas y las recomendaciones europeas de la Organización Mundial de la Salud. Incluso "estamos dispuestos", añaden, "a que lleven a cabo todas las inspecciones necesarias para que no exista duda sanitaria al respecto".
En este sentido, el real decreto, que aprobó el Ejecutivo el pasado septiembre y que debe proteger a los ciudadanos de las emisiones electromagnéticas, establece la necesidad de que las 25.000 instalaciones de telefonía ya existentes en España sean inspeccionadas cada año para cumplir con la normativa estatal.
Estudio de técnicos
El Gobierno exigirá un estudio detallado anual realizado por técnicos que indiquen los niveles de exposición radioeléctrica y las áreas habitadas cercanas, establecidos en el reglamento y en la recomendación del Consejo de la UE.
Las inspecciones se realizarán por los servicios técnicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, aunque no se descarta que las empresas puedan contratar a sus propios profesionales para vigilarlas. Tras la inspección, el Ministerio de Ciencia y Tecnología hará público un informe de carácter anual sobre la exposición de las emisiones radioeléctricas de estas instalaciones.
La asociación de la industria, Aniel, considera que "falta un mensaje de tranquilidad y se echa de menos más información en los ayuntamientos".
Hasta el momento, el Ministerio de Sanidad sólo ha repartido un folleto sobre los consejos prácticos para el uso del teléfono móvil y prevenir sus posibles riesgos tanto de accidentes del tráfico como de salud. En él desaconseja la utilización de móviles en menores de edad, en lugares subterráneos y que la antena del móvil esté alejada de la cabeza.
El despliegue de la red, un 60% por debajo de lo previsto
Las empresas de telecomunicaciones creen que la confusión en la legislación sobre la instalación de antenas de telefonía móvil y la paralización de la red está llevando al sector a una grave crisis. "Para empezar, el despliegue de infraestructuras de telefonía móvil está un 60% por debajo de lo previsto y de lo necesario", según señala Edmundo Fernández, portavoz del Comité para el Desarrollo de las Infraestructuras de Telecomunicaciones. Esto implica, añade, que "si no hay red, no puede haber servicio de telefonía móvil, ni tampoco se pueden desarrollar las tecnologías necesarias para el tratamiento de imágenes en el territorio español". Todo ello "significará un retraso de las infraestructuras que conllevará a una quiebra de la sociedad de la información, lo que traerá consecuencias importantes en el empleo". Algunas de las compañías que forman el comité ya están realizando recortes en sus plantillas, aunque Fernández reconoce que existen otras razones de peso. La filial española de Ericsson anunció que una vez que haya eliminado la producción en España, reducirá personal en su estructura central.
El 30 de octubre advirtió que despedirá a 300 personas y externalizará a otras 550 de los departamentos de comunicación y de informática.
Por el otro lado, Xfera recortará drásticamente la plantilla -el 73% del personal- para acoplar el negocio a la paralización a la que se ve sometida hasta la llegada de la tecnología de la telefonía móvil de tercera generación UMTS.
Por todo ello, el Comité para el Desarrollo de las Infraestructuras de Telecomunicaciones está realizando un análisis de la situación para poner soluciones.
De momento pretende trabajar en el proceso legislativo, con asociaciones de vecinos, colegios, administradores de fincas, ayuntamientos y comunidades para intentar informar a todos los ciudadanos sobre la situación.