El campo exige el mantenimiento de su régimen especial de Seguridad Social
El último Acuerdo de Pensiones ratifica la intención del Pacto de Toledo de integrar todos los regímenes especiales de la Seguridad Social en dos, uno por cuenta ajena y otro por cuenta propia. Algunas organizaciones agrarias como la COAG y la UPA han puesto el grito en el cielo y exigen que se mantenga su actual régimen especial de Seguridad Social.
Los agricultores españoles pueden ver modificado en los próximos meses el actual régimen especial agrario de la Seguridad Social (Reass) al que están afiliados.
La comisión de seguimiento del último Acuerdo de Pensiones de finales de marzo tiene previsto abordar en breve la integración del Reass en el régimen general (en el caso de los trabajadores por cuenta ajena) y en el especial de los trabajadores autónomos (RETA) a aquellos que trabajen por cuenta propia en el campo. CC OO, que sí firmó el Acuerdo de Pensiones, está de acuerdo en que el Reass converja en el régimen general mientras que la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), dependiente de la UGT -que no firmó dicho acuerdo- se ha mostrado partidaria del mantenimiento del Reass, si bien opina que hay que ampliar la cobertura de sus prestaciones.
En esta misma línea, la Confederación de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), ha insistido en que el Reass debe permanecer como régimen específico, aunque, "debe mejorarse manifiestamente porque se trata de un régimen obsoleto, caduco y trasnochado", ha dicho el coor-dinador general de esta organización, Eduardo Navarro.
Para ello, la COAG ha elaborado un documento que recoge sus propuestas de Reass, fundamentalmente para ampliar sus prestaciones y hacer más contributivas sus cotizaciones.
Así, en el capítulo de prestaciones, la COAG propone, entre otras cosas, incluir en el Reass el concepto de incapacidad permanente cualificada. En la actualidad, cuando un agricultor está en situación de incapacidad permanente total percibe una pensión del 55% de la base reguladora (unas 45.000 pesetas), sin distinguir la edad del agricultor, mientras que en el régimen general, si el trabajador tiene más de 55 años, la prestación es del 75% de la base reguladora.
Es más, la COAG considera que dadas las dificultades del trabajador del campo, este incremento de la base reguladora en caso de incapacidad total debería aplicarse automáticamente, con independencia de la edad.
En cuanto a la incapacidad temporal, cuya cobertura es ahora voluntaria, la COAG plantea que sea obligatoria. En consecuencia, considera que la percepción de esta prestación debería cobrarse desde el cuarto día de baja laboral y no a partir del día 15, como ocurre ahora. Además, reclaman que se incluyan como accidentes laborales los in itinere (los que se producen en el trayecto de ida o vuelta del trabajo) y aquellos que no han sido causados por una actividad agraria, pero se han registrado en el puesto de trabajo.
La COAG demanda también que sea el Reass admita la jubilación a los 60 años, como medida de rejuvenecimiento del sector. No obstante, exige que el adelanto de la jubilación "no suponga en el sector agrario una reducción de la pensión", como ocurre en el régimen general.
Para llevar a cabo todas estas medidas, que suponen incremento de gasto, sostiene que no es necesario aumentar las cotizaciones de los trabajadores y empresarios agrarios. Su propuesta consiste en aumentar las aportaciones del Estado al Reass. En este caso, el Estado obtendrá los ingresos incrementando el IRPF o el impuesto de sociedades de aquellos agentes económicos que generando un importante porcentaje de la producción final agraria no realizan ninguna aportación a la Seguridad Social e incluso practican dumping social, señala la COAG.
La UE amplía hasta 2002 la compra de carne de vaca
El Comité de Gestión de Vacuno de la Unión Europea ha permitido a España la compra en régimen de intervención de todas las ofertas presentadas por un volumen de 1.931 toneladas de vacuno de más de 30 meses, según fuentes del sector.
Este volumen ha sido adquirido a 156,2 euros por cada 100 kilogramos, casi dos euros más que en la anterior compra para la intervención, en la que el precio fue de 153,85 euros por 100 kilos.
Este comité también aceptó ayer la prórroga hasta marzo de 2002 de este sistema, que se terminaba en marzo de 2002.
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) tiene ya en su poder 7.658 toneladas, a las que hay que sumar esta última cantidad, con lo que el volumen de carne de vaca intervenida se eleva a 9.589 toneladas. A los ganaderos se les ha abonado por este concepto 15 millones de euros.