Una huelga general complica la grave crisis de Argentina
El deterioro político del Gobierno de Fernando de la Rúa no parece tener límites. Poco antes del inicio de las manifestaciones de ayer, y en vísperas de la huelga general convocada para hoy por las tres centrales sindicales, el presidente criticó el paro, pidió una "tregua" y comenzó a negociar con la oposición peronista. El Gobierno estudia una nueva reducción de los salarios y pensiones, y atrasará el pago de este mes. La economía se paraliza.
En la madrugada de ayer, una bomba de tipo molotov fue lanzada contra una agencia del Banco Francés-BBVA, en tanto que otra fue atacada con piedras y otros elementos contundentes. Ambos hechos se produjeron en dos ciudades cercanas a la capital argentina, donde siete taxis fueron incendiados.
Por la tarde, miles de personas marcharon por las calles de Buenos Aires, convocadas por una de las centrales sindicales, organizaciones de izquierda y de desocupados. Pocas horas antes se habían manifestado comerciantes de la ciudad, en protesta por la caída de sus ventas, entre el 20% y el 30%, debido a las medidas adoptadas la semana pasada por el Gobierno nacional.
En este contexto de crecientes protestas populares, el gobernador peronista de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, reveló que el ministro de Economía, Domingo Cavallo, estudia un nuevo ajuste del Presupuesto. Esto implicaría elevar la reducción de los sueldos y las pensiones del Estado del 13% aprobado en agosto al 21% en 2002. El pago de las remuneraciones correspondientes a noviembre se retrasarán una semana y la paga extraordinaria se cobrará en enero.
Las colas frente a las entidades bancarias no cesan. A la reducción de la actividad económica, determinada por la crisis y la congelación de los depósitos bancarios, se suma ahora el tiempo que el público -comerciantes, empresarios, asalariados- debe perder en sus entidades financieras para obtener efectivo. El paro llegaría este mes al 18,7%, y fuentes de la Administración hablaban ayer de una nueva caída récord en la recaudación de impuestos.
Se agudiza la crisis
La crisis industrial se multiplica. Ayer, la empresa Peugeot anunció que ha presentado un expediente de crisis por la caída de sus ventas, que incluye el despido de 550 obreros. La huelga ha sido declarada por una asamblea de trabajadores de la firma.
En este marco de caos y desesperación social, las tres centrales sindicales del país realizan hoy una huelga general que podría tener un seguimiento muy alto. Pero De la Rúa considera que "se trata de un paro sin sentido y por razones políticas".
A su juicio, "el país necesita una tregua para superar estas dificultades. La concertación debe contar con la participación de todos los sectores políticos, empresarios, sindicales y religiosos". En este sentido, el presidente recibirá mañana a su antecesor en el cargo, Carlos Menem, que sigue propugnando una dolarización de la economía como única salida para evitar que la crisis continúe.
Pero el consenso se torna cada día más difícil, ante la división de opiniones entre empresarios y políticos. Mientras el Gobierno pide que el Parlamento apruebe rápidamente el Presupuesto para el año próximo, el peronismo no logra poner orden en sus filas. Algunos sectores del principal partido de oposición son partidarios de devaluar, otros de dolarizar y otros, sencillamente, no tienen propuestas. Menem defiende la continuidad de De la Rúa y de Cavallo, en tanto que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el también peronista Carlos Ruckauf, criticó ayer duramente al presidente en el curso de un acto público en el que se encontraba presente De la Rúa.
El mandatario se excusó ayer por la congelación de depósitos y dijo que su Gobierno no quería adoptar esa medida, que fue forzada por "un golpe de mercado" alentado por "canallas que atentaron contra la confianza en el sistema financiero". Pero las dos centrales sindicales peronistas y otra independiente discuten ya una nueva huelga de 48 horas para la semana próxima.