Las regiones aceptan la sanidad si les garantizan las inversiones iniciadas
El PSOE aceptará las transferencias sanitarias, en los términos económicos que ha planteado el Ministerio de Hacienda, si Cristóbal Montoro incluye una cláusula de garantía que comprometa al Estado a garantizar el buen término de las inversiones emprendidas hasta el momento por las direcciones territoriales del Estado en materia sanitaria.
Consuelo Rumí, responsable de política social del PSOE, hizo estas declaraciones tras comparecer en rueda de prensa junto a Jesús Caldera y Jordi Sevilla. Los tres exigieron al Gobierno que retire la enmienda que obliga a los territorios que aún no gestionan la sanidad a asumir esta transferencia si quieren acceder a los recursos disponibles en el nuevo sistema de financiación. El PP ha obligado también a pagar la sanidad con los impuestos cedidos.
Los socialistas eludieron responder si rechazarán el "chantaje del PP", tal y como calificó la medida Jesús Caldera, negándose a firmar en comisión mixta los acuerdos de financiación; y tampoco contestaron a la pregunta de si subirán los impuestos como alternativa a la falta de recursos para pagar la sanidad. Jordi Sevilla utilizó la fórmula del rodeo y aseguró que "lo que ha pasado me parece tan grave que no creo que vaya a ocurrir". El responsable de política económica del PSOE pidió a Aznar que "intervenga para parar la arrogancia del ministro Cristóbal Montoro".
La responsable de política social aseguró que la determinación del PP abocará a los territorios "al abismo de quedarse fuera del sistema de financiación o al endeudamiento", aunque más tarde reconoció que la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria limita la capacidad para recurrir al déficit de las comunidades autónomas.
Los socialistas criticaron duramente el hecho de que el PP haya vulnerado, por segunda vez, el pacto de julio. La primera vez fue cuando decidió, hace unas semanas, crear el nuevo impuesto de hidrocarburos con dos tramos, uno estatal y otro autonómico. Jesús Caldera advirtió que el Partido Popular "ha zarandeado la Constitución", porque ha roto "el modelo bilateral de relaciones institucionales entre los territorios y la Administración central".
En este sentido, Jordi Sevilla aseguró que la enmienda popular es "ilegal" porque vulnera el propio texto de la ley de financiación, que diferencia entre comunidades con sanidad y comunidades sin sanidad. La única mención que el texto original hacía a los impuestos cedidos se refería al hecho de que las comunidades no podrían disponer de su financiación hasta asumir la sanidad.
Recurso ante los tribunales
Los socialistas están barajando varias alternativas para parar la enmienda popular, y no descartan presentar recurso de inconstitucionalidad. Jesús Caldera dijo ayer que el PP ha aceptado en el Senado la petición de dictamen jurídico que ha hecho el PSOE para determinar si se puede realizar en esta Cámara un cambio tan sustancial del acuerdo adoptado en julio. Los socialistas han solicitado otro dictamen en el Congreso de los Diputados, pero el PP no ha accedido. Este dictamen se suma al que han pedido para determinar la legalidad del nuevo impuesto de hidrocarburos.
Por otro lado, la dirección del PSOE se reunirá el próximo martes con los barones socialistas para buscar alternativas.