Una sentencia desautoriza la creación de vivienda pública de protección municipal
El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) considera que los ayuntamientos no están capacitados legalmente para crear un régimen específico de vivienda de protección pública municipal.
Este fallo, que será recurrido ante el Tribunal Supremo por el Ayuntamiento de Logroño, según ha anunciado su concejal de Patrimonio y Vivienda, José Musitu, desautoriza las normas aplicadas por este ayuntamiento para las 300 viviendas construidas en el área de expansión de la capital y otorga la razón al recurso planteado por la Asociación de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR).
El fallo constata la inexistencia, en el ordenamiento jurídico español, "de disposiciones que habiliten a los ayuntamientos para instaurar un régimen propio, al margen de los ya legalmente prefigurados, de viviendas de protección pública, ni tampoco para modificar los ya definidos como de protección oficial o protección autonómica." En virtud de este planteamiento, el TSJR considera que el hecho de que unos terrenos adscritos al patrimonio municipal de suelo sean destinados a viviendas de protección oficial "no habilita a los ayuntamientos para instaurar un régimen objetivo de protección al margen de la protección oficial que sólo el Estado o las comunidades autónomas, con competencia en materia de vivienda, están en condiciones de definir legalmente".
En consecuencia, el fallo concluye declarando no conformes a Derecho las condiciones que rigieron el concurso para la venta de solares donde edificar las 300 viviendas, cuyos adjudicatarios se han visto inmersos en una grave inseguridad jurídica.
Los constructores que recurrieron la norma municipal subrayaron la limitación del acceso a las viviendas de protección municipal a los ciudadanos empadronados en Logroño durante un mínimo de tres años, lo que fue calificado por la CPAR como una "discriminación irracional". También ha sido desautorizado el cobro de un interés de demora del 20% anual para compensar las demoras en el pago de los solares.