Generalitat y empresarios acuerdan la inmovilización de todo el porcino catalán
La totalidad de la cabaña de cerdos en Cataluña ha quedado inmovilizada para frenar la expansión de la peste. El comité de crisis de la peste porcina, que agrupa a la Generalitat y a los representantes sindicales y empresariales del sector, dio ayer su visto bueno a la decisión del Gobierno regional de inmovilizar todo el ganado porcino de la comunidad.
El rebrote de peste porcina clásica en una granja de Osona, una comarca barcelona que hasta ahora era considerada un ejemplo sanitario a seguir, ha disparado todas las alarmas en la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Generalitat. Su titular Josep Grau, aseguró ayer no estar dispuesto a "lamentarse continuamente" y anunció la modificación radical de los sistemas de identificación de la cabaña. Los actuales talonarios de guías (unos documentos que acreditan el movimiento de los animales), serán sustituidos por mecanismos electrónicos de identificación. De esta manera, cada animal será identificado con un chip que permitirá controlar tanto su procedencia como sus traslados. El consejero reconoció que este sistema tiene un coste elevado (cada chip cuesta unas 300 pesetas y se tienen que construir centros de seguimiento electrónico), pero "a largo plazo saldrá barato". Este nuevo sistema, que Grau espera poder implantar durante el próximo año, está pendiente de ser homologado por el Ministerio de Agricultura.
Desde el pasado jueves, cuando se confirmó el brote de peste en Osona, se han sacrificado casi 15.000 cerdos y se han inmovilizado 560 explotaciones. La Generalitat investiga ahora el paradero de los animales que han abandonado la comarca desde el 1 de octubre así como la actividad de las industrias cárnicas de la zona.
Este último foco de peste porcina se produce apenas un mes después de la extinción del anterior brote. Entre junio y septiembre se han sacrificado en Cataluña 71.000 cerdos, como consecuencia de 19 focos de esta enfermedad.
Por otro lado, un total de 431 explotaciones de ganado porcino de Castilla y León fueron inmovilizadas ayer por la Junta por haber tenido contacto con Cataluña. La mayoría de ellas, 350, están ubicadas en la provincia de Segovia. Otras 66 están en Soria, 11 en Palencia, tres en Ávila y una en Burgos. La medida fue aplicada sobre estas granjas porque todas ellas han tenido relación con Cataluña desde el 1 de noviembre.
La inmovilización implica que, a partir de hoy, serán realizadas pruebas serológicas en todas ellas. Las que den negativo podrán llevar el ganado al matadero, pero no a otras explotaciones.