Empresarios y sindicatos retan hoy a Chávez con una huelga general
La crisis económica que atraviesa Venezuela obliga al presidente Chávez a recurrir al populismo que tantos éxitos le dio en el pasado. Un paquete de leyes aprobado in extremis otorga al Gobierno la posibilidad de estatalizar la economía. Pero patronal y sindicatos han dicho "basta". Su rechazo a Chávez se materializa hoy en una huelga general que se prevé masiva.
Hugo Chávez ya no es "el presidente de todos los venezolanos". Sus discursos semanales en su programa televisivo Aló, Presidente son contestados todas las semanas con caceroladas en las calles de Caracas. Un reciente estudio realizado por la consultora venezolana Consultores 21 revela que el 55% de la población apoya un referéndum para decidir sobre la continuidad del presidente, y que el 77% de los venezolanos cree que las cosas "marchan muy mal".
Chávez arrasó en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998 con unas promesas revolucionarias que tres años después aún no han sacado al país de la pobreza. La tasa de paro es del 14%, pero lo más grave es que el 54% de los trabajadores pertenece a la economía sumergida, sin ningún tipo de derechos laborales.
La caída del precio del petróleo, que representa al menos el 50% de los ingresos fiscales, está poniendo en apuros al Ejecutivo. El crecimiento del PIB en el tercer trimestre del año fue del 2,8%, con una contracción del 1,1% en el PIB petrolero. El barril de crudo venezolano ha pasado de 23 dólares antes del 11 de septiembre a cerrar a 15 dólares la semana pasada. El último movimiento del Gobierno ha sido un paquete de 49 leyes aprobadas por medio de la Ley Habilitante, que le permite al presidente promulgar leyes sin la necesidad de ser refrendadas por el Parlamento, aunque con la obligatoriedad constitucional de consultas previas.
Los empresarios que han impulsado el paro de hoy califican las leyes aprobadas de "un atentado directo contra la propiedad privada", en palabras de Albis Muñoz, vicepresidenta de Fedecámaras, la patronal venezolana. Los empresarios piden la suspensión de la Ley de Hidrocarburos, que da al Gobierno el control del 51% de cualquier explotación petrolera y de la Ley de Áreas Costeras, por la que pasan a ser del Estado todos los terrenos a 80 metros de la costa. "Es improbable que se aplique esta norma", apunta el economista jefe de la firma venezolana Datanalisis, Luis Vicente León, "pero el nerviosismo entre inversores locales y extranjeros es lógico", apunta el analista.
"Las leyes han generado un enorme clima de desconfianza. En el sector de hidrocarburos suponen una vuelta atrás, a la política estatalista de hace 60 años. Chávez no sobrevivirá sin precios altos del petróleo, por eso necesita controlar el sector", explica el analista Milko Luis González. León ratifica este punto de vista: "Chávez camina sobre hielo fino. Cuando el Gobierno no tiene plata, el amor del pueblo desaparece".
La falta de comunicación entre Ejecutivo y empresarios ha desembocado en un paro histórico en el que, por primera vez, trabajadores y patronos irán de la mano. "La participación de los sindicatos es la prueba de que tenemos razón", sentencia la vicepresidenta de Fedecámaras. La patronal condiciona el diálogo a un paso imprescindible: "Que el Gobierno suspenda las leyes". Chávez, bajo el lema "a Venezuela no la para nadie", no parece dispuesto a mover esa ficha.
Fuerzas Armadas
El anuncio de que los famosos cazas F-16 surcarán el cielo de Caracas este lunes ha inquietado a más de uno, desde los sindicatos, profundamente enfrentados a Chávez, se ha denunciado el hecho como una maniobra intimidatoria.
La ministra venezolana de Trabajo, Blancanieve Portocarrero, aclaró a este diario que se trata de una "mera coincidencia". El 10 de diciembre es el aniversario de las Fuerzas Armadas, que todos los años se celebra con desfiles de las tropas y exhibiciones aéreas. Sin embargo, desde Fedecámaras se destaca el hecho de que los vuelos de los F-16 se realizan tradicionalmente en Maracay, a 100 kilómetros de Caracas.
Portocarrero afirma que la voluntad del Gobierno "siempre ha sido el diálogo" y quita hierro al paro: "La hostilidad de los primeros días se está suavizando, gana terreno el diálogo". La ministra cree que la huelga "será muy perjudicial" para el pequeño comercio y apuesta por una "cruzada pedagógica constitucional" para evitar la radicalización del conflicto.