Los Quince acuerdan prohibir el envío de correo electrónico no solicitado
El Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la UE respaldó ayer la propuesta de la Comisión Europea para prohibir en todo el territorio comunitario el envío de correos electrónicos no solicitados por el destinatario.
La UE ha equiparado el tratamiento legal del correo electrónico con el de otros medios más tradicionales como el fax o el teléfono. La utilización de estos canales para realizar publicidad está prohibida si no se cuenta con el consentimiento del destinatario; ahora, esa prohibición se extenderá al correo electrónico, un medio mucho más sofisticado que, según un estudio de la Comisión, permite enviar 500.000 mensajes personalizados en un solo día. El mismo estudio calcula en 10.000 millones de euros anuales la factura telefónica total de los usuarios por recibir en sus buzones virtuales la inesperada propaganda.
Desde 1997, Austria, Dinamarca, Finlandia, Italia y Alemania ya prohibían ese marketing masivo. La Comisión propuso armonizar con ese rasero la legislación comunitaria y exigir a las empresas que solicitasen la autorización previa de los consumidores para enviarles la publicidad. Las patronales europeas han criticado lo que califican una nueva carga burocrática y la propuesta de Bruselas también provocó inquietud en EE UU, donde la publicidad electrónica no requiere consentimiento. Incluso el Parlamento Europeo, que tradicionalmente se alinea con los postulados de las organizaciones de consumidores, defendió esta vez la libertad de cada Estado miembro para permitir el bombardeo electrónico.
Pero el Consejo de Telecomunicaciones de la UE adoptó casi intacta la propuesta de Bruselas. La prohibición del llamado correo basura será total, con la salvedad del que se produzca entre una empresa y sus clientes habituales.
El acuerdo debe ser ratificado por el Parlamento Europeo, y parece inevitable un largo proceso de conciliación. Máxime cuando el Consejo también rechazó el deseo de la Eurocámara de prohibir los "archivos de rastreo".
El Parlamento deseaba que la colocación de estos archivos por parte de los servidores de Internet en el ordenador de los usuarios exigiese también autorización previa. El Consejo, sin embargo, se ha mostrado sensible a las ventajas de esos archivos que permiten memorizar las páginas más visitadas, los códigos y contraseñas, acelerando la descarga de la información en posteriores ocasiones.