El Gobierno prorroga el Concierto vasco pero seguirá negociando

El Consejo de Ministros aprobó ayer la remisión a las Cortes del proyecto de ley por el que se prorroga por un año el Concierto Económico vasco, ante el fracaso de las negociaciones con el Ejecutivo de Vitoria. No obstante, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dejó una puerta abierta para seguir negociando en las próximas semanas y llegar a un acuerdo para la renovación, antes de que se haga efectiva la prórroga, el 1 de enero de 2002, mientras que el lehendakari Juan José Ibarretxe aseguró que hay tiempo "para seguir negociando" y abogó por el pacto " y no por la imposición".

El encaje del Concierto Económico en la Unión Europea ha sido uno de los puntos claves en el desacuerdo entre las Administraciones central y vasca a la hora de renovar el sistema que regula sus relaciones financieras y tributarias. La falta de consenso, que ha levantado fuertes críticas entre los empresarios vascos, ha provocado su prórroga, una decisión adoptada unilateralmente por el Gabinete que preside José María Aznar.

El ministro de Economía, Cristóbal Montoro, recalcó ayer, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la "voluntad de diálogo" del Gobierno para continuar con las negociaciones, de forma que un posible acuerdo para la renovación del Concierto vasco se pueda incorporar en el trámite parlamentario abierto, bien en el Congreso o, posteriormente, en el Senado. El límite se situaría en "algunos días antes del 31 de diciembre", para dar tiempo a que las Cortes lo aprobaran.

La decisión de iniciar los trámites para la prórroga se debe, según Montoro, a la necesidad de asegurar que "no va a haber vacíos legales", ya que el actual Concierto, con una vigencia de 20 años, caduca a finales de 2001. El titular de Hacienda recalcó la importancia de llegar a un "buen acuerdo", por lo que no descartó que se siga negociando en el próximo ejercicio, durante el año de prórroga, si ello fuera preciso. Montoro reconoció que las conversaciones estaban muy avanzadas, "con sólo 13 puntos de discrepancia, frente a los cerca de 70 puntos ya acordados".

Entre los puntos de desacuerdo, indicó que "casi todos son negociables", incluida la cuantía del cupo (cantidad que Euskadi paga al Estado por los servicios no transferidos). Todos, menos la pretensión del Ejecutivo vasco de tener voto en el Consejo de Ministros de la Unión Europea cuando se discutan cuestiones relacionadas con Euskadi, asunto que ha hecho estallar las negociaciones. Montoro fue tajante en este punto, advirtiendo que el Gobierno central "está para defender en Bruselas a todas las comunidades", y la participación de una comunidad "quebraría las reglas de representación incluidas en cualquier sistema democrático".

Montoro aseguró que en este asunto cuenta con el apoyo del secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero.

Condiciones imposibles

En esta misma línea, el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, también presente en la rueda de prensa, pidió al Ejecutivo vasco que no plantee "condiciones imposibles a la otra parte de la negociación".

Desde Vitoria, el lehendakari, Juan José Ibarretxe, aseguró que "hay tiempo para seguir negociando hasta el 31 de diciembre", pero advirtió que si se hace efectiva la "prórroga unilateral", ello supondría "la ruptura del pacto entre la Administración española y la vasca".

Confebask, la patronal vasca, fue más contundente en sus manifestaciones y acusó a los dos Administraciones de "incapaces" de superar las diferencias, a la vez que les urgió a reconducir la situación.

Para la cúpula empresarial de Euskadi, la prórroga creará una inseguridad jurídica "mayor de la que, en principio, se pretende solucionar", al introducirse un mecanismo atípico que "rompe el carácter consensuado que está en la esencia del Concierto".

 

Acuerdos

El Concierto Económico tendrá una duración ilimitada. Se elimina la competencia exclusiva del Estado en los impuestos relacionados con los monopolios fiscales. La competencia sobre la regulación de los no residentes dejará de ser exclusiva del Estado y las instituciones forales estarán obligadas a regular las mismas normas sustantivas y formales que el Estado.

La Administración central y el Gobierno vasco han acordado que las retenciones de los trabajadores en IRPF se ingresen en la Hacienda donde trabaja físicamente el empleado de una empresa, independientemente de la sede social de la compañía. La normativa a aplicar será la de la Administración donde se ingresen estas retenciones.

Las clases pasivas tributarán en el lugar residencia.

El Estado deja de tener competencia exclusiva en la recaudación de los empleados y funcionarios públicos de organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Cuando trabajen en Euskadi recaudarán las haciendas forales. El Estado seguirá recaudando los impuestos de los empleados de la Administración del Estado en Euskadi, pero realizará compensación vía cupo.

En las retenciones por actividades económicas se aplicará la normativa correspondiente al que retiene en origen.

Los no residentes que puedan acreditar como última residencia Euskadi podrán optar entre tributar en la Hacienda central o en la foral en patrimonio.

Se aumenta de 500 millones a 1.000 millones de pesetas, la cifra de negocio de las sociedades por debajo de la cual se puede tributar exclusivamente en la Administración del domicilio fiscal en el impuesto sobre sociedades. En IVA la cifra se eleva a 1.000 millones de pesetas.

 

No hay acuerdo

No hay acuerdo sobre la posibilidad de que la Hacienda foral sea interlocutor directo de la UE en cuestiones fiscales. Tampoco hay acuerdo sobre el cupo que Euskadi debe pagar al Estado por los servicios comunes. Les separan 4.000 millones, aunque éste es un asunto menor. El cupo de este año asciende a 174.221 millones de pesetas.