El defensor europeo insta a la Comisión a eliminar la discriminación sexual
El defensor del pueblo europeo, Jacob Söderman, dirigió ayer un informe especial al Parlamento de la UE para que la Comisión elimine las normas que contienen discriminación por razón de sexo en determinados puestos de trabajo. En su informe, denuncia el retraso y la lentitud con que la Comisión está abordando el fin de su política de discriminación sexual en lo que afecta a los puestos cubiertos por expertos nacionales destacados ante la Comisión.
En este documento, el Defensor del Pueblo insta a la Comisión a que trabaje con rapidez y recuerda que ya se le había pedido que modificara su normativa antes del 30 de septiembre como muy tarde. Según Söderman, "tras un año desde que se proclamó la Carta de Derechos Fundamentales, ningún retraso suplementario para corregir esta situación es aceptable". Asimismo, pide al Parlamento que adopte esta recomendación bajo la forma de resolución.
En el origen de la petición está la queja presentada por una funcionaria del Reino Unido que se presentó como candidata y fue aceptada para cubrir un puesto de trabajo en la Comisión en el que se imponía la jornada completa. Al tener que cuidar de un hijo de corta edad propuso a su jefe trabajar a tiempo parcial, quien no puso ningún obstáculo. No obstante, cuando su departamento pasó a depender de otra persona se le dijo que no conservaría su candidatura si no estaba dispuesta a trabajar a tiempo completo.
La demandante estimó entonces que la disposición que prohibía el trabajo a tiempo parcial estaba apoyada en una discriminación por razón de sexo, ya que es susceptible de afectar a las mujeres en mayor medida que a los hombres.
Entre los argumentos que la Comisión alegó en su defensa, señaló que el puesto de trabajo para el que se exigía la jornada completa estaba pensado para expertos nacionales que van durante un periodo máximo de tres años a la Comisión a fin de promocionar su carrera. La persona que trabajara a tiempo parcial no podría adquirir la misma experiencia que quien trabajara a tiempo completo.
No obstante, en marzo de este año y fruto de una solución amistosa entre las partes, la Comisión se comprometió a adoptar antes de fin de año la supresión de la disposición que prohíbe el trabajo a tiempo parcial a los expertos nacionales destacados ante la Comisión. A lo que el Defensor del Pueblo puso una fecha concreta, antes del 30 de septiembre. A la vista de que esta decisión aún no ha sido adoptada, refuerza su presión sobre la institución e invita al Parlamento a que convierta en resolución su recomendación para que así se impidan más retrasos injustificados.