Caja Extremadura prejubilará a su actual equipo directivo
La Caja de Ahorros de Extremadura tiene intención de incluir a la mayor parte de la cúpula directiva actual en un expediente de regulación de empleo que afectará también a los servicios centrales y a la red de sucursales. En total, los despidos alcanzarán al 10% de la plantilla. Para la entidad, éste es el paso previo para la renovación de su estructura organizativa. Comisiones Obreras cree que este expediente es un "precedente inaceptable" en el sector financiero.
El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Extremadura aprobó en su reunión de ayer un cambio de la estructura de la entidad con el fin de hacer más operativa y racional la dirección. Como paso previo, ha puesto en marcha un proceso de prejubilaciones que afectará a 115 empleados, lo que representa casi el 10% de los 1.100 de plantilla actual, según fuentes sindicales. El objetivo es realizar estas prejubilaciones mediante un expediente de regulación de empleo.
Del comité de dirección actual, compuesto por nueve miembros, al menos seis podrían salir del staff como consecuencia de estas prejubilaciones, previstas para empleados con más de 57 años.
El despido colectivo es un sistema muy poco habitual en el sector. Sólo dos cajas de ahorros, La Insular de Canarias y Cajasur, han tramitado hasta el momento expedientes de este tipo.
El sector financiero lleva años ajustando sus plantillas mediante prejubilaciones con cargo, sobre todo, a reservas. El hecho de que haya sido uno de los sectores a los que más ha afectado la innovación tecnológica y el proceso de fusiones, con la consiguiente reestructuración de plantillas, les llevó hace años a comprometerse a no realizar ajustes traumáticos y a que no todo el coste lo asumiera el Estado. Lo normal es que la entidad abone el sueldo del empleado hasta que a los 65 años lo asuma la Seguridad Social.
En este sentido, portavoces de Comfia-CC OO consideran que no hay causa que justifique la adopción de medidas traumáticas y acusan a la entidad de hacer un chantaje a los sindicatos al vincular ambos procesos y ocultar que lo que de verdad pretenden es que la renovación de la cúpula directiva "la realicen los sindicatos y la pague parcialmente el Inem". Además, advierten de que el hecho de aceptar este expediente crearía un "precedente inaceptable" ante el más que previsible redimensionamiento que se puede producir en el sector financiero, en general, y en el de cajas de ahorros, en particular. "La implementación de este proceso supone un fraude a la sociedad, pues, además de que los despidos se financian con cargo al erario público, se puede deslegitimar la función social que esta entidad tiene como principio fundacional. Los beneficios de las cajas han de revertir en la sociedad y no al revés", explica Comisiones.
Dos de los sindicatos presentes en la entidad, UGT y Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros (Csica) están dispuestos, sin embargo, a apoyar este expediente de regulación a cambio de un nuevo sistema de previsión social.
La caja lo justifica no en motivos económicos, ya que no tiene pérdidas, sino en la inadaptación a las nuevas tecnologías, una de las causas de despido colectivo que recoge la legislación laboral.