Hacienda suprimirá las sanciones por no entregar datos a la inspección
No aportar pruebas y documentos contables a solicitud de la Administración tributaria es una infracción que se sanciona con multas de 25.000 pesetas a un millón. Ahora, Hacienda planea dar un giro a esta situación y propone suprimir las multas por no colaborar con la inspección y premiar la aportación de datos de manera voluntaria.
Una de las sanciones a las que ahora se enfrentan los contribuyentes es pagar multas de 25.000 pesetas a un millón por no aportar a la inspección de Hacienda las pruebas que busca. Un tema polémico que ha llegado hasta el Tribunal Constitucional por la posible vulneración del derecho a no declarar contra uno mismo y que podría desaparecer si prosperan las propuestas formuladas al Gobierno desde la Secretaría de Estado de Hacienda para la reformar la Ley General Tributaria.
Entre los argumentos para eliminar estas sanciones que pesan sobre el contribuyente que no colabora con los agentes que le inspeccionan, está el hecho de que Hacienda ya cuenta con otros mecanismos para fijar la deuda, como es la estimación indirecta (basada en indicios). Así lo entiende el informe de la Secretaría de Estado de Hacienda que dirige Estanislao Rodríguez-Ponga y sobre el que trabaja el Gobierno para reformar la Ley Tributaria.
Al tiempo, se propone que se premie al contribuyente que voluntariamente aporte datos durante la comprobación. Un premio en forma de circunstancia atenuante que reduciría otras sanciones.
Según Ernesto Jiménez, abogado de Garrigues & Andersen "en la práctica, los contribuyentes que actúan de mala fe prefieren soportar las sanciones antes que aportar datos, mientras que los que no tienen nada que ocultar se prestan a entregar todo tipo de documentación y aun así se arriesgan a ser sancionados cuando por un olvido no han aportado todo".
Otros aspectos que se barajan para modificar el régimen de infracciones y sanciones implican regular los casos en que el contribuyente se libra de culpabilidad cuando actúa bajo una interpretación razonable de la norma.
Se propone que Hacienda emita un pronunciamiento expreso de "honorabilidad fiscal" que acredite que, aunque se declaró mal, se hizo creyendo que se entendía bien la ley. En este sentido, y ante las diferencias de criterio entre la Dirección General de Tributos, la Agencia Tributaria y los tribunales administrativos, Javier Lasarte, vocal de la comisión para la reforma de la Ley Tributaria, propuso en el último congreso de la Asociación Española de Asesores Fiscales "que se cree una Dirección General de Interpretación o que se deje esta misión a la Agencia, que es la que aplica la ley".
Suprimir las 'paralelas'
Asimismo, se propone suprimir las actuaciones paralelas. Este sistema de verificación informatizada de lo declarado por el contribuyente con los datos que tiene Hacienda es fuente de una polémica. El Gobierno estudia sustituirlas por un sistema de cotejo delimitado tanto en el tiempo como en su contenido. Desde el fin del plazo voluntario para pagar, Hacienda sólo dispondrá de dos años para realizar este cotejo, no podrá comprobar más de un periodo impositivo ni utilizar este sistema para examinar la contabilidad o los movimientos financieros del contribuyente o actuar fuera de las oficinas.
Según Jiménez, esta propuesta podría aclarar la actual confusión entre las funciones de gestión (las paralelas) y la inspección (investigación). Algo también interesante para los expertos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Según su presidente, Valentí Pich, la Ley Tributaria debería tener en cuenta que el proceso de descentralización fiscal que se está llevando a cabo entre las comunidades autónomas podría ocasionar problemas de competencias entre las distintas unidades de inspección e, incluso, en el ámbito territorial de los tribunales económico-administrativos.
El arbitraje se integrará en los tribunales económicos
Una de las principales y más novedosas propuestas que el Gobierno ya ha confirmado que incluirá en la que será futura Ley General Tributaria es la de fomentar la solución extrajudicial de los conflictos tributarios incorporando el arbitraje en materia fiscal como medio para rebajar el número de asuntos que llegan a los tribunales económico administrativos.
Sin embargo, según aclara Javier Lasarte, uno de los vocales de la comisión creada en la Secretaría de Estado de Hacienda para elaborar el informe sobre el que trabaja el Gobierno para reformar la Ley Tributaria, éste ha sido uno de los temas que menos consenso ha logrado en dicha comisión. Alcanzado el acuerdo de fomentar el arbitraje "se han barajado diversas opciones que pasan por someter el arbitraje bien al Consejo de Defensa del Contribuyente, bien a una sala especial dentro de los tribunales económico-administrativos o incluso en el seno de la inspección", aclara Lasarte.
No obstante, en su opinión, "la creación de una sala especial muy cercana a los tribunales económico-administrativos es la opción con más posibilidades de prosperar".
Otra de las propuestas para evitar la conflictividad es pactar las actas de la inspección. En principio, logrado el acuerdo entre contribuyente y actuario, se limitaría la posibilidad de impugnarlas. No obstante, Lasarte aclara que "esto no significa que las actas pactadas con Hacienda no puedan recurrirse", ya que, según explica, "esto podría vulnerar los derechos de los contribuyentes".