La patronal pide 90.000 extranjeros para el mercado de trabajo en 2002
El proceso para fijar el contingente de mano de obra extranjera en 2002 ha comenzado. Los empresarios han presentado más de 88.000 solicitudes al Inem. El sindicato CC OO, que ayer hizo públicos estos datos, cree que sólo se precisan 30.000, e incluso reclamó al Gobierno que posponga el cupo hasta el año 2003, para evitar el aumento de inmigrantes sin papeles o en paro en un contexto de desaceleración económica como el actual.
Los empresarios españoles han presentado ante el Instituto Nacional de Empleo (Inem) casi 90.000 solicitudes de trabajo para que sean cubiertas por mano de obra inmigrante. Este es el primer paso para decidir el contingente de extranjeros para 2002, que el Gobierno tiene previsto aprobar a finales de este año. Este proceso de selección de trabajadores no incluye a las empleados/as del hogar.
Las comisiones ejecutivas del Inem, en las que también están presentes los agentes sociales, no han aceptado todas estas ofertas por entender que mucha de ellas no se corresponden con necesidades reales de empleo y "sólo responden al interés de los empresarios de conseguir mano de obra más barata", según puso de manifiesto ayer la secretaria confederal de Política Social de CC OO, Paloma López. No hay que olvidar que en estos momentos hay 2,1 millones de desempleados, según la EPA, y 1,5 millones de parados, según el registro del Inem. En estos momentos, 30.000 solicitudes han pasado la primera selección. El ejemplo más claro es el de Madrid. En esta comunidad autónoma, los empresarios presentaron 38.000 solicitudes, pero la mesa del Inem consideró que ninguna de ellas se correspondía con una oferta real, por lo que no se han aceptado las demandas; aun así, se ha dejado abierta la puerta a un posible acuerdo entre los agentes sociales, que permitiría reclutar a 2.500 inmigrantes.
Posponer el cupo a 2003
Lo mismo ha sucedido en Euskadi. La demanda de 18.000 empleos no se valoró por considerarse una oferta genérica. En Murcia hay una petición presentada fuera de plazo -de 500 conductores- que se ha remitido directamente a la Dirección General de la Ordenación de las Migraciones. En Cataluña se han producido incluso diferencias entre los empresarios. La patronal Fomento se opone a una primera solicitud de 14.371 empleos (Barcelona, 10.885; Lleida, 1.236; Gerona, 1.070, y Tarragona, 1.180) y considera que las necesidades superan los 30.000 puestos de trabajo.
No ha habido peticiones en Aragón, Navarra, Extremadura, La Rioja y Canarias.
En Baleares, las empresas han pedido trabajadores de temporada para sectores como hostelería (3.000 empleos) construcción (150) y agricultura (300).
El sindicato Comisiones Obreras hizo ayer públicos estos datos con la intención de hacer llegar su opinión al Ministerio del Interior, quien finalmente elevará el número cerrado al Consejo de Ministros.
Paloma López, propuso que el Gobierno posponga para el año 2003 la aprobación del contingente "después de analizar sin prisas las necesidades laborales de los distintos territorios". En cualquier caso, dijo, "nosotros sólo vamos a dar el visto bueno en las comisiones del Inem a las demandas que lleven aparejadas ofertas reales de empleo".
Un detenido por estafar a 95 inmigrantes
Un empresario de Lleida ha sido detenido como presunto autor de un delito de estafa. Las víctimas fueron casi 100 inmigrantes extranjeros, a los que cobraba entre 25.000 y 150.000 pesetas para regularizar su situación con documentos que finalmente resultaron estar falsificados, según fuentes policiales.
La Policía Nacional empezó a investigar el caso después de que el empresario Josep Isidre P. F., de 43 años, presentara 95 solicitudes de trabajo y residencia para inmigrantes en la Oficina æscaron;nica de Extranjería de Lleida.
El detenido es el propietario de la empresa Toure, SL, ubicada en la calle Sant Antoni, de la capital leridana. Mientras se investigaba la actividad de esta empresa, varios inmigrantes sin documentación denunciaron en la comisaría de Policía de Lleida que el citado empresario les hacía ofertas de empleo para regularizar su situación a cambio de pagar entre 25.000 y 150.000 pesetas, según los casos.
La policía descubrió que entre las solicitudes presentadas en la Oficina de Extranjería había numerosos documentos falsificados, como certificados de empadronamiento o direcciones inexistentes. El detenido está previsto que pase mañana a disposición del juzgado de guardia de Lleida.