Según informaron ambos tribunales, Hernando y Jiménez de Parga celebraron ayer una reunión para estudiar sus relaciones, enturbiadas recientemente al elevar el Constitucional a 10 millones de pesetas la indemnización de 25.000 pesetas fijada por el Supremo para Isabel Preysler, por intromisión en su honor de la revista Lecturas. Este segundo tribunal acusó al Constitucional de invadir sus competencias en materia de jurisdicción ordinaria.
Como resultado de la reunión, los dos presidentes "acordaron la formación de un grupo de estudio de magistrados, de uno y otro tribunal, que contemplará las posibles soluciones a cualquier roce que en el futuro pudiera producirse".
Además, el grupo tratará "problemas interpretativos de las normas jurídicas del ordenamiento español". Los presidentes de sendos tribunales ya habían anunciado que negociarían una solución al conflicto surgido. Así, Hernando dijo estar de acuerdo en que el Constitucional había invadido las competencias del Supremo, en tanto que Jiménez de Parga no quiso avanzar de parte de quién estaba.