Aumentan las críticas al nuevo recargo sobre la gasolina
La gran mayoría de los colectivos sociales y profesionales ligados al mundo del transporte rechazaron ayer la imposición de un recargo de cuatro pesetas sobre cada litro de gasolina a partir de enero para financiar la sanidad. El secretario de Estado de Economía, José Folgado, aseguró que la presión fiscal sobre los hidrocarburos en España es de las más bajas de Europa a pesar de la subida.
Asociaciones de consumidores, empresarios de estaciones de servicio, transportistas, sindicatos y los partidos de la oposición expresaron ayer su rechazo al nuevo impuesto sobre carburantes para financiar parte del gasto sanitario.
En declaraciones a Europa Press, responsables de varias organizaciones criticaron esta medida, que ya se aplica en otros países europeos como Alemania, y que se está debatiendo en el Consejo de Política Fiscal (CPFF), en el marco del nuevo modelo de financiación autonómica.
Así, el presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), Juan Prats, aseguró a Europa Press que el Gobierno aplica este impuesto "porque los presupuestos no cuadran". En su opinión, supondrá un incremento de entre cuatro y cinco pesetas del precio final de los carburantes, que en algunas comunidades autónomas podría ser incluso superior.
Además, Prats señaló que esta iniciativa conllevará una financiación superior para adquirir la misma cantidad de combustible al por mayor y supondrá un mayor gasto por pagos con tarjetas de crédito, a lo que se suma el posible retraimiento del consumo ante los mayores precios.
Por su parte, La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) y Conetrans, principal patronal del sector, manifestaron su rechazo al nuevo impuesto, sin descartar la convocatoria de movilizaciones a escala nacional.
Así, el presidente de Conetrans, Ovidio de la Roza, mostró su oposición a esta medida, al considerar que perjudicará enormemente al sector del transporte. En su opinión, este impuesto no puede recaer de nuevo sobre los hidrocarburos, ya que la nueva tasa provocará pérdidas importantes en el sector del transporte, al ser el principal consumidor de combustible y cuya actividad depende de las fluctuaciones en el precio de los gasóleos.
El portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica, calificó la decisión de "aberrante y pésima", por ligar la sanidad pública al consumo de combustibles.
Asimismo, tanto CC OO como UGT rechazaron la creación de esta nueva tasa impositiva, al considerarla negativa e injustificable. Para Comisiones, se trata de un incremento en un impuesto indirecto, que profundizará en la "injusta e injustificada" política fiscal aplicada por el Gobierno en los últimos años.