Casi medio millar de ayuntamientos tiene ya planes de pensiones
La legislación vigente es confusa y no establece claramente la posibilidad de que las Administraciones públicas suscriban planes colectivos de pensiones.
En España hay casi medio millar de ayuntamientos -la mayoría de ellos en el País Vasco- que ha suscrito un plan de pensiones privado y colectivo con sus trabajadores. A éstos se suman algunas diputaciones y empresas públicas para alcanzar un total de 506 entidades públicas con este tipo de planes.
No obstante, la legislación vigente es confusa y no establece claramente la posibilidad de que las Administraciones públicas suscriban planes colectivos de pensiones. Por ello, el Gobierno va a modificar la normativa actual a través de una enmienda a la Ley de Acompañamiento en el Senado esta misma semana. Así lo anunció ayer el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Vicente Martínez-Pujalte, durante unas jornadas de previsión social organizadas por Winterthur y El Nuevo Lunes.
Las modificaciones apuntadas consisten en eliminar la prohibición de concurrencia de pensiones públicas y privadas dentro de la Administración y que el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos puedan usar indistintamente planes de empleo, seguros colectivos o mutuas de previsión social.
Esta modificación legislativa es también necesaria para dar respaldo al plan colectivo de pensiones que el Ministerio de Administraciones Públicas está negociando con los sindicatos para más de 700.000 trabajadores de la Administración central del Estado. Dicho plan ya cuenta con una partida de 10.500 millones de pesetas (el 0,5% de la masa salarial) en los Presupuestos Generales del Estado para 2002, si bien su aplicación el próximo año dependerá de que las centrales sindicales lo aprueben.
Fuentes cercanas al Gobierno aseguraron que las centrales están supeditando la aceptación del fondo a la demanda salarial global, por lo que podrían rechazar la oferta conjunta del Gobierno y, en ese caso, los 10.500 millones se quedarían sin aplicar. Según Martínez-Pujalte este fondo actuará como efecto dominó en todas las Administraciones, que lo emularán.