PP y PSOE negocian la reforma de la ley de financiación de partidos
Las direcciones del PP y el PSOE negocian con discreción la reforma de la ley de financiación de partidos políticos que data de 1987, proyecto que de prosperar desembocaría en el cuarto pacto de Estado alcanzado por el líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, con el Ejecutivo popular. Las dificultades que atraviesan ambas formaciones para hacer frente a la protección de sus altos cargos en el País Vasco empuja al acuerdo.
El pasado mes de agosto, el ministro del Interior, Mariano Rajoy, y el secretario general del PP, Javier Arenas, contactaron con el actual portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Caldera, para retomar las negociaciones sobre la reforma de la ley de financiación de partidos de 1987 que ambas formaciones dejaron orilladas en la anterior legislatura. Si bien el escándalo sobre Gescartera paralizó momentáneamente las conversaciones, fuentes de los dos grupos políticos confirman que éstas han vuelto a recuperarse para intentar alcanzar un punto de acuerdo sobre el que se engendraría el cuarto pacto de Estado PP-PSOE desde que José Luis Rodríguez Zapatero se situó al frente de este último partido en julio de 2000.
Fuentes del PP consideran trascendental esta negociación, aunque admiten que aún hay muchos flecos por despejar antes de que pueda alcanzarse el acuerdo. Dirigentes socialistas al tanto de estos contactos, ven clave también el pacto, "pues las distorsiones de la ley ahora en vigor están en el origen de muchos problemas". Estas últimas fuentes admiten que se trata de un "asunto crucial por todas las derivaciones que tiene", ya que en el primer partido de la oposición se tiene la impresión de que en estos momentos "hay establecida una competencia muy desigual con el PP en muchos campos". Uno es el de la financiación de las campañas electorales, y otro, bastante más sensible, el de la protección de los altos cargos que se encuentran amenazados por ETA en el País Vasco.
Problemas de seguridad
Tanto en el PP como en el PSOE se reconoce que este último problema va a servir, aunque sea de forma indirecta, para empujar hacia el acuerdo. De los 7.500 millones de pesetas presupuestados por el partido del Gobierno para este año, casi 2.000 han sido destinados a pagar escoltas privados para la mitad de los cargos electos que viven en Euskadi y se encuentran en la diana etarra. La seguridad de la otra mitad, alrededor de 150, es costeada a medias por el Ministerio del Interior y el Ejecutivo de Vitoria, gracias al acuerdo alcanzado la pasada primavera en una reunión en la que participaron representantes de ambos Gobiernos.
Los problemas del PSOE son aún mayores que los del PP en este terreno. En Euskadi cuenta con casi 300 cargos electos, en su mayor parte concejales, y a pesar del acuerdo alcanzado con el Ministerio del Interior y con el Gobierno vasco para el pago de escoltas privados, las tensiones son continuas debido al aumento de los colectivos a proteger por parte de ambas instancias. La semana pasada, la Consejería de Interior del Gobierno vasco se comprometió a dar escolta a todos los jueces y fiscales que residen en Euskadi, ante las presiones originadas tras el asesinato del magistrado José María Lidón.
Ayudas de empresas
El PP y el PSOE no parten de cero en las conversaciones que mantienen para la reforma de la ley de financiación de partidos. Ambos grupos llegaron a alcanzar en la pasada legislatura un alto grado de acuerdo sobre las reglas básicas de la nueva norma, aunque no llegó a fraguar por culpa del poso amargo que dejó el caso Filesa, ahora aireado de nuevo por el PP para defenderse del caso Gescartera, que movió a los socialistas a ser muy exigentes y oponerse, por ejemplo, a la posibilidad de seguir admitiendo donaciones anónimas. Después de un largo periodo de negociaciones, los dos partidos lograron sintetizar entonces algunas propuestas básicas. La principal es que el mayor peso debe seguir teniéndolo la financiación pública, aunque deben facilitarse también mayores aportaciones de particulares y de empresas privadas.
La ley vigente permite la aportación de un límite máximo de 10 millones por persona o empresa y año, frente a los 15 que llegaron a proponer ambos partidos. El PP y el PSOE llegaron a estar de acuerdo también en la prohibición de las donaciones anónimas, autorizadas en la norma de 1987, siempre que no superen el 5% de los ingresos anuales procedentes de subvenciones públicas, así como en descartar las ayudas procedentes de empresas constructoras y de sociedades que contraten con las Administraciones públicas.
El acuerdo era total para incentivar fiscalmente las ayudas privadas y también para modificar el régimen tributario de las formaciones políticas con el fin de que puedan tener exenciones en el impuesto de sociedades y en el de bienes inmuebles.
Las actuales subvenciones públicas a los partidos se basan en el pago de 101 pesetas por voto conseguido para el Congreso y 40 pesetas por cada papeleta para el Senado. Además, está establecido el pago de 2.700.000 pesetas por cada escaño. El bache sufrido por el PSOE en marzo de 2000 le supuso la pérdida de 700 millones de pesetas de ayuda pública. La deuda que arrastra este partido supera en estos momentos los 3.000 millones.
Camino del cuarto pacto de Estado en año y medio de legislatura
El PP y el PSOE coinciden en que el eco político alcanzado por el caso Gescartera y la agresividad con la que ambos se han empleado en el mismo no pueden suponer un nuevo obstáculo que impida que prospere la reforma de una ley de financiación que consideran obsoleta.
De llegar a buen puerto, éste sería el cuarto gran pacto de Estado que firmarían ambas formaciones desde que José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la secretaría general del PSOE hace 16 meses, sin contar el que las ha llevado recientemente a renovar las vacantes existentes en el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas.
El primero de ellos, firmado en diciembre de 2000, fue el pacto antiterrorista y sólo abarcó a los dos grandes partidos, aunque a él se adhirieron diversas organizaciones patronales y sindicales. El PNV quedó fuera.
El pasado 31 de mayo, el Gobierno y el PSOE coronaban el Pacto por la Justicia, cuya financiación está todavía en el aire. Ya entrado el verano, firmaron el nuevo modelo de financiación autonómica, cuyo horizonte, por primera vez, tiene naturaleza indefinida.
Zapatero se toma con tranquilidad las críticas que, incluso dentro de su propio partido, suscita esta política de pactos con el Gobierno. æpermil;l todavía aspiraba a más, pero tanto en la Ley de Extranjería como en el Plan Hidrológico Nacional los criterios defendidos por el PP en el trámite parlamentario imposibilitaron el acercamiento.