El fondo de garantía de depósitos pagará por AVA y Gescartera
El Gobierno aprovechará la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para poner en marcha el fondo de garantía de inversiones. La norma ligará este mecanismo de cobertura con el fondo de garantía de depósitos, que aportará las cuotas correspondientes a las firmas de inversión de bancos y cajas.
El fondo de garantía de inversiones se nutrirá del de depósitos. Bancos y cajas afrontarán, pero de un modo indirecto, las compensaciones que cubrirán los agujeros de AVA y Gescartera. Se soluciona así, tal y como Cinco Días anticipó el 16 de octubre, el principal desacuerdo que mantenía paralizado el fondo de garantía de inversiones. Esta norma irá incluida en la ley de acompañamiento de los Presupuestos, por lo que entrará en vigor el 1 de enero.
Este fondo nace para resarcir a los inversores cuyos ahorros, depositados en una empresa de servicios de inversión, hayan desaparecido. Un mecanismo de garantía, pues, como el que cubre los depósitos bancarios. La peculiaridad de este fondo es que es retroactivo, es decir, que hace frente a agujeros aparecidos antes de su creación, como AVA y Gescartera. Tal y como está definido el fondo, Gescartera supone una derrama de unos 34 millones de euros (5.600 millones de pesetas), pues afecta a unos 1.700 inversores y cada uno recibirá 20.000 euros. AVA afectó a 4.000 inversores.
Ahora bien, nadie quiere pagar los platos rotos de Gescartera y AVA. Bancos y firmas de inversión independientes pelearon porque los primeros no querían aportar dinero al fondo. Consideraban que ya tenían su propio mecanismo de garantía, el fondo de garantía de inversiones.
Las firmas no bancarias, por contra, argumentaban que cubrir ellas solas los desfalcos bursátiles llevaría a muchas de estas sociedades a la quiebra y crearía un fondo descapitalizado. Las firmas bancarias acaparan dos terceras partes del negocio bursátil en España.
El atolladero legal fue resuelto por Economía transfiriendo dinero de un fondo a otro. El fondo de garantía de depósitos tampoco corre peligro de descapitalizarse, pues sus recursos superan el medio billón de pesetas (3.000 millones de euros).
Ayer también fue el día de presentación en sociedad de la ley financiera. Las líneas generales del anteproyecto ya habían sido adelantadas, pero ayer Rato añadió los cambios legislativos que son consecuencia de la comisión de investigación sobre Gescartera.
La CNMV tendrá que someterse a una inspección anual y dotarse de un reglamento interno. El presidente de la CNMV tendrá que presentarse en el Parlamento antes de ser nombrado, las faltas graves impuestas a empresas de valores deberán ser públicas y se guardará un registro público de las sanciones impuestas a cada sociedad en los últimos cinco años.
Pese a todo, Rato insistió en señalar que "los responsables de la estafa son los estafadores", y en que no hubo negligencia en la supervisión, sino, "errores de juicio". Concluyó que ninguna ley puede evitar actos de este tipo.
Finalmente, Rato comentó que un eventual cambio de la normativa de las cajas de ahorro, que no va incluido en la ley financiera, debería nacer del consenso de las fuerzas políticas. Se espera que estos cambios se produzcan vía enmienda en la tramitación parlamentaria.
El juez decreta prisión para dos consejeros de AVA
El titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza ha decretado prisión incondicional para el ex consejero delegado de la agencia de valores AVA Enrique Coronado y para el ex consejero Santiago Vian por supuestos delitos de estafa y apropiación indebida, según informa Europa Press.
El juez les acusa de intentar apropiarse de 353 millones de pesetas, obtenidos por la venta de la sede de la agencia de valores en Zaragoza.
Sobre el inmueble pesa un embargo decretado por la Audiencia Nacional, donde se ha investigado un presunto fraude de 15.300 millones, según la acusación del fiscal. Fuentes jurídicas explicaron que Coronado, Vian y el también ex consejero de AVA Juan José Camacho (este último quedó en libertad) utilizaron sociedades de su entorno para la emisión de facturas, a través de las cuales pretendían apropiarse del dinero procedente de la venta de la sede.
Las irregularidades fueron detectadas por los administradores judiciales.
Tras la presentación de una querella por parte de la Fiscalía Anticorrupción se practicaron varios registros. La policía judicial encontró numerosa documentación que, en principio, corrobora la tesis del fiscal.