El Poder Judicial exige incentivos para los jueces que trabajan en Euskadi
El objetivo perseguido por el Poder Judicial es que los 198 jueces que ejercen en el País Vasco no se marchen por miedo a ETA.
El Consejo General del Poder Judicial y las autoridades judiciales del País Vasco acordaron ayer exigir al Gobierno central la fijación de incentivos económicos para evitar la desbandada de jueces y fiscales que desarrollan su labor en Euskadi, tras el asesinato a manos de ETA del magistrado José María Lidón. Otra de las medidas propuestas es que los jueces sustitutos cuenten también con escolta siempre que su labor en la comunidad autónoma tenga cierta continuidad.
El objetivo perseguido por el Poder Judicial es que los 198 jueces que ejercen en el País Vasco no se marchen por miedo a ETA. Para "estimular su permanencia", en palabras de Zorrilla, los presentes en la reunión acordaron proponer mejoras retributivas. La máxima autoridad judicial del País Vasco recordó que los jueces no reciben en la actualidad ningún incentivo o complemento económico por trabajar en Euskadi.
Los incentivos que se proponen no sólo serán económicos, sino que también se cuenta con la posibilidad de intercambios profesionales, asistencia a cursos y mejora de condiciones de trabajo y de infraestructuras. Con este objetivo, Hernando se reunirá en los próximos días con el lehendakari, Juan José Ibarretxe.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Manuel María Zorrilla, aseguró que ningún juez ha condicionado hasta ahora su permanencia en Euskadi a una subida de su sueldo.
Después de garantizarse una mayor seguridad por medio de los escoltas, una medida que forma parte del plan aprobado el martes por los Gobiernos central y vasco, Zorrilla considera que es una consecuencia lógica pensar en otros incentivos, como pueden ser los económicos. El aumento de sueldo debería ser aprobado, en todo caso, por el Gobierno central, ya que los sueldos de los jueces dependen de los Presupuestos Generales del Estado.
Delito de terrorismo
Por otra parte, los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea se pusieron ayer de acuerdo sobre una definición común del delito de terrorismo, concepto que hasta ahora sólo estaba tipificado en seis países de la Unión, según anunció el titular español de Justicia, Ángel Acebes.
El Gobierno español aprobó también ayer la creación de la Fundación para las Víctimas del Terrorismo, cuya presidencia queda en manos del ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez. La fundación tendrá carácter estatal y en ella participarán empresas privadas.