El Gobierno plantea 8 pesetas de recargo por litro de gasolina
Las comunidades autónomas decidieron ayer aplazar hasta el próximo jueves la aprobación del impuesto sobre carburantes, por la premura con que Hacienda ha hecho su oferta. Este tributo en su diseño actual, lejos de aumentar los ingresos pactados el pasado 27 de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, los reduce, ya que la parte que recauda el Estado se detraerá del Fondo de Suficiencia. La subida barajada por el Gobierno será de ocho pesetas, cuatro para el Estado y cuatro para los territorios.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera decidió ayer aplazar durante una semana la aprobación del impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos, que se destinará a mejorar la prestación sanitaria. El aplazamiento está motivado por el escaso tiempo que los Gobiernos regionales han tenido para analizar la oferta del Ejecutivo central.
En cualquier caso, y más allá de las modificaciones técnicas y tarifarias que puedan incorporarse durante la semana al anteproyecto de ley, el impuesto quedará regulado de la siguiente manera: la mitad de la subida -alrededor de cuatro pesetas- será recaudada por el Estado desde el 1 de enero de 2002, mientras que la otra mitad -otras cuatro pesetas- las recaudarán las comunidades autónomas, que tendrán inicialmente un plazo de tres años para aplicar la totalidad de esta subida.
Como es un impuesto cedido, para poder recaudarlo los Gobiernos autonómicos deberán aprobar en sus respectivos Parlamentos las correspondientes leyes fiscales, lo que aplazará hasta la próxima primavera su aplicación en los territorios que lo acepten, incluidos los que todavía no tienen las competencias sanitarias.
Las cuatro pesetas que recaude el Estado se detraerán del Fondo de Suficiencia que incorpora el nuevo modelo de financiación. Este hecho tiene una significación económica muy importante porque supone que el Estado se ahorra parte del dinero que tenía previsto ingresar en el Fondo a través de los Presupuestos Generales del Estado, y que formaba parte del montante económico aprobado en el consejo de julio.
El secretario general de Administraciones Territoriales, Antonio Beteta, se negó ayer a precisar este punto, aunque el consejero de Economía de Madrid, Juan Bravo, aseguró que el ahorro en Suficiencia se gastará obligatoriamente en el Fondo de Desplazados.
Ayer Hacienda no quiso precisar los ingresos que obtendría por este impuesto. Sólo anunció que es una cantidad superior a 100.000 millones de pesetas.
La ley permitirá a las CC AA aplicar o no el tributo en el tramo cedido. La consejera de Economía de Andalucía, Magdalena Álvarez, ya ha asegurado que su comunidad no está dispuesta a aplicarlo.
Sobre las repercusiones inflacionistas del impuesto, Beteta dijo que no tiene por qué trasladarse íntegramente a los consumidores, aunque advirtió que la finalidad del impuesto, mejorar la prestación sanitaria, compensa cualquier incidencia en precios.
Por otro lado, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó por unanimidad el acuerdo alcanzado el pasado 27 de julio.