Hacienda recaudará el recargo a la gasolina hasta que traspase la sanidad
Hacienda será la encargada de recaudar el nuevo impuesto sobre los carburantes hasta se efectúen las transferencias sanitarias. Algunos territorios socialistas critican que el Gobierno utilice este dinero para cuadrar el coste de los traspasos. El anteproyecto de ley se discute hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Las comunidades autónomas recibieron el miércoles a última hora de la tarde el anteproyecto de ley sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, que ha elaborado el Ministerio de Hacienda y que hoy será discutido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este recargo se destinará íntegramente a financiar la sanidad.
El texto ha causado estupor entre algunos Gobiernos socialistas, porque en julio los consejeros de Economía pactaron crear en el primer trimestre de 2002 un grupo de trabajo para redactar esta norma y se han encontrado con el anteproyecto ya escrito. El texto deja en blanco el tipo impositivo de gasolinas, gasóleos, fuel y queroseno, pero fuentes ministeriales barajan un tributo de hasta 0,03 euros por litro.
En España se consumen anualmente más de 25.000 millones de litros de gasolina y gasóleo, por lo que este recargo podría generar unos ingresos globales a las arcas autonómicas de hasta 125.000 millones.
Joan Mesquida, consejero de Baleares, advertía ayer que el impuesto, tal y como aparece en el texto, "se recaudará a partir del 1 de enero de 2002 y, por tanto, los únicos que podrán cobrarlo serán las comunidades autónomas con gestión sanitaria y el Estado".
En el proyecto de ley se dice textualmente que "el impuesto se exigirá de acuerdo con la tarifa que haya sido aprobada por las comunidades autónomas", pero también anuncia que si "la comunidad autónoma no hubiese asumido competencias normativas en materia del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, el impuesto se exigirá conforme a la siguiente tarifa...". Así pues, este texto no deja margen a las comunidades autónomas para no cobrar la tasa.
Mesquida considera que lo lógico hubiese sido no vincular la recaudación de este tributo al coste que se está negociando para los traspasos sanitarios, y entiende que hubiese sido más adecuado efectuar primero la transferencia, después dejar algún tiempo para ver cómo evoluciona este gasto y, por último, recurrir a la tasa si fuera necesario. Además, Baleares, como otras autonomías, se mostraba ayer muy cauta sobre cuándo se harán efectivos los traspasos.
Castilla-La Mancha también hizo ayer pública su protesta por el envío de Hacienda. La consejera María Luisa Araujo declaró a este periódico que la comunidad manchega "es una región soberana para determinar en qué se gasta lo recaudado por el tributo", aunque no descartó destinar sus fondos a la sanidad. Como Mesquida, Araujo recordó ayer que cuando el impuesto entre en vigor ellos no podrán aplicarlo porque aún no gestionarán la sanidad.
Por su parte, un portavoz de La Rioja declaró que la creación de impuesto es, sin duda, una buena noticia para los problemas financieros (aunque no son los únicos), que hacen que esta comunidad no tenga aún claro cuándo asumirá la prestación, cuyo montante rondará los 40.000 millones. El resto de territorios valoró positivamente la creación de este tributo, aunque Galicia desearía que los ingresos pudieran destinarse también a cubrir otros servicios sociales y medioambientales.
Por otro lado, el pleno del Congreso aprobó ayer, sin el apoyo del grupo socialista, las dos leyes que permitirán la aplicación del nuevo modelo de financiación autonómica. Los dos proyectos aprobados son el de modificación de la Lofca y el que regula las medidas fiscales y administrativas para aplicar el nuevo modelo.
Pese a la abstención del PSOE en el Parlamento, todas las comunidades socialistas aseguraron ayer a este periódico que si se respeten las cifras de ingresos pactadas en julio, firmarán el acuerdo en comisión mixta.
La CEOE dice que la tasa es inflacionista
El presidente de la CEOE, José María Cuevas, advirtió ayer que la implantación de esta nueva tasa supondrá un incremento de la inflación y la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles (Anfac) consideró que es una medida "facilona, demagógica y carente de la más pura ortodoxia fiscal". Mientras, el presidente de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos, Jorge Segrelles, dijo que no afectará "gravemente a un incremento de la presión fiscal".
El anteproyecto de ley remitido a los Gobiernos regionales recoge como ámbito objetivo del impuesto las gasolinas, el gasóleo, el fuel, el queroseno y los hidrocarburos que se utilicen para calefacción. El impuesto será recaudado básicamente por las gasolineras, que obviamente lo repercutirán en los consumidores.
Estarán exentas del impuesto, entre otras, ventas minoristas como las realizadas en el marco de las relaciones diplomáticas, aquellas en que los adquirentes sean fuerzas armadas o de la OTAN y el ferrocarril. La determinación de la base imponible se efectuará en régimen de estimación directa.
La Ley de Presupuestos podrá modificar los tipos de gravamen y las exenciones del impuesto (...), sin perjuicio de la capacidad normativa que se reconoce a las autonomías.