Birulés asegura a la CE que no tocará la tasa del móvil en cuatro años
Anna Birulés se ha comprometido con la Comisión Europea a mantener invariable durante cuatro años el impuesto que grava la utilización del espacio radioléctrico en España. El Ministerio de Ciencia y Tecnología se lo ha comunicado por escrito al comisario de Sociedad de la Información, Erkki Liikanen. Las cuatro operadoras, Telefónica Móviles, Amena, Airtel y Xfera, sabrán por fin con certeza el capital que deben destinar al impuesto que pagan por un espacio que aún no pueden utilizar.
Pero el gesto de Birulés parece más un guiño para calmar el desasosiego que causa en la Comisión Europea su voluble impuesto sobre la telefonía móvil de tercera generación que un detalle hacia los contables de las cuatro operadoras. La rebaja prevista para el próximo ejercicio de hasta un 65% del impuesto no ha calmado al Ejecutivo comunitario, que sigue viendo en el sistema español de concesión del espacio radioeléctrico una fuerte carga de incertidumbre que puede frenar el desarrollo de la nueva tecnología.
"Al contrario que en los países europeos donde se optó por celebrar subastas", defiende todavía el departamento de Birulés en el documento remitido a Liikanen, "en España (...) la cuantía del pago es revisable periódicamente". En efecto. 27.117 millones de pesetas este año por la posibilidad de ofrecer un servicio que "el Ministerio de Ciencia y Tecnología resolvió aplazar (...) hasta el 1 de junio de 2002", según reconoce el documento remitido desde Madrid. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2002 rebaja hasta 5.948 millones el alquiler del próximo año, de un modo aleatorio y discrecional, según la mayoría de los adjudicatarios de licencia de UMTS. "Los operadores", reconoce el ministerio, "consideran que esta rebaja aún no es suficiente".
Los mismos operadores demandan desde hace meses un marco impositivo estable que asigne el mismo valor al espectro radioeléctrico con indiferencia de los servicios a los que se destine y a su rentabilidad potencial.
El Gobierno quizá no esté dispuesto aún a ir tan lejos. Pero la ministra sí se muestra decidida a inmolar la arbitrariedad del gravamen a partir del próximo ejercicio. Al menos así se lo ha prometido a la Comisión Europea en la documentación enviada para la elaboración del informe comunitario anual sobre la liberalización del sector.
Por escrito
La Administración española "destaca que, a partir de la valoración del espectro prevista para 2002, se tomará un valor estable y predecible hasta el año 2006 (válido para todos los servicios que utilicen el espectro radioléctrico)". Del documento no se infiere que el próximo año las operadoras puedan esperar una nueva rebaja de la tasa. Pero sí que a partir de la Ley de Presupuestos para 2003, la cantidad fijada se mantendrá estable durante cuatro años o sólo oscilará con arreglo a variables fijadas con anterioridad. En los alquileres de toda la vida, han recordado los operadores, los incrementos se referencian a la evolución del índice de precios al consumo.
El departamento de Birulés había prometido extraoficialmente a las operadoras esa estabilidad en el impuesto durante los próximos ejercicios. Pero las operadoras lo tienen por fin por escrito. Con el membrete del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y el de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y de su homóloga dirección general. En la página 20, en concreto, de las 33 que componen la documentación entregada por el ministerio en Bruselas el pasado 2 de octubre.
El departamento de Liikanen ultima en estos momentos su informe, que será el séptimo desde que se inició la liberalización del sector. "Se publicará el 28 de noviembre", anuncia la Comisión Europea. "La fecha parece inamovible".
El análisis, como en ediciones anteriores, reflejará la evolución del mercado en los últimos 12 meses, resaltando las medidas normativas o legislativas adoptadas por cada Estado miembro. Pero Bruselas se propone este año, además, cargar su redacción de una valoración crítica sobre las diferentes disposiciones de los Gobiernos.
Enfrentamiento
La Comisión había rehuido el enfrentamiento con los Estados miembros en un área donde sus poderes continúan siendo limitados. Pero el reciente fiasco de la concesión de licencias de UMTS, que ha desequilibrado la competitividad de las diferentes operadoras según el país donde concurriesen a la adjudicación, ha empujado a Bruselas a buscar un mayor protagonismo en el ordenamiento del sector.
Los Estados, sin embargo, se resisten. Las nuevas directivas que se están tramitando reservan toda la competencia a los reguladores nacionales, hasta el punto de que podrán adoptar decisiones que la CE califique de contrarias al derecho comunitario.
De ser así, la influencia de la Comisión continuará residiendo en su capacidad para airear en público las posibles contradicciones de las autoridades nacionales. Y en su capacidad para arrancar a los Gobiernos compromisos por escrito como el de Birulés.
Bruselas prepara su veredicto sobre el impacto de las subastas
La Comisión Europea se decantará por fin por uno de los sistemas utilizados en el continente para la adjudicación de licencias de telefonía móvil de tercera generación. ¿Concurso o subasta? Ha sido una disyuntiva sobre la que el comisario de Sociedad de la Información, Erkki Liikanen, se ha negado a pronunciarse desde hace más de un año, parapetándose tras el derecho de los Estados miembros a optar por el modelo que deseen.
Pero la disparidad, por ejemplo, entre los casi 51.000 millones de euros que recaudó el gobierno alemán por la concesión de seis licencias y la cuasi gratuidad que disfrutan los operadores en Suecia o Finlandia, ha convencido al comisario de que la distorsión de la competencia puede ser una amenaza muy real.
El departamento de Liikanen acaba de convocar su propio concurso para adjudicar la realización de "un estudio comparativo sobre los regímenes de licencia (...) y su impacto en el sector de la telefonía móvil". Las conclusiones tardarán aún más de cuatro meses en conocerse.
Hace más de un año, en el consejo de Ministros de Economía en Versalles, el vicepresidente Rodrigo Rato aseguró que había pedido a Liikanen el análisis de ese impacto.
Ninguno de los asistentes al encuentro consultados ha conseguido recordar nunca esa iniciativa de Rato. El mismo vicepresidente ha defendido siempre con ironía poco disimulada su supuesta autoría de la propuesta. Pero el estudio, en todo caso, se va a realizar.
España, pionera en la concesión (sólo Finlandia se adelantó al Gobierno español), presentará uno de los desafíos más singulares a la labor del futuro investigador. En marzo de 2000, el Gobierno de José María Aznar decidió conceder cuatro licencias de tercera generación (sólo una a un nuevo operador) por poco más de 500 millones de euros. Pero después fijó una tasa variable para elevar la recaudación.