Bruselas reactiva el expediente contra Caja Cantabria
La CE ha reactivado el expediente abierto en 1997 a Caja Cantabria por un préstamo concedido a Sniace; y ha dado un mes al Gobierno español para que demuestre que éste no constituye ayuda de Estado. Bruselas cree que la presencia masiva de cargos públicos en las cajas puede convertir los créditos a empresas en ayudas públicas. El Gobierno logró paralizar la apertura de este expediente que afectaba a todas las cajas en marzo de 2000, pero ahora es más complicado. Las cajas temen que el expediente provoque una reestructuración del sector.
Mario Monti vuelve a colocar a las cajas de ahorro españolas en el punto de mira. El comisario de Competencia ha desempolvado de nuevo la investigación comunitaria contra el préstamo de 12 millones de euros que Caja Cantabria concedió a la papelera Sniace hace más de cinco años. El sector teme que el expediente permita a Bruselas imponer un drástico cambio corporativo en la organización de las cajas, como ya ocurrió con entidades similares en Francia y Alemania.
La Comisión está dispuesta a investigar como ayudas de Estado todos los préstamos concedidos por aquellas entidades financieras en las que el consejo de administración esté copado, en más de un 50%, por representantes públicos. æpermil;ste es el caso de Caja Cantabria (un 69%). Pero también de las cajas de Valencia, Andalucía, el País Vasco y Asturias, entre otras.
El 29 de marzo de 2000, la Comisión recibió la última queja anónima sobre el crédito de Caja Cantabria. Dos meses después, a punto de iniciar una investigación formal, Monti se resignó a una tregua tras la mediación, a última hora, de los gabinetes de los comisarios españoles, Loyola de Palacio y Pedro Solbes, que invocaron una sentencia del Tribunal Constitucional de 1982 reconociendo el carácter privado de las cajas de ahorro.
Pero el sector ya auguraba entonces que una segunda embestida sería más difícil de esquivar. La Federación Bancaria Europea no ha cejado de cortejar al Ejecutivo comunitario para que limite lo que considera un trato de favor de muchos Estados, entre ellos España, hacia las entidades financieras públicas o pseudopúblicas. Los cambios impuestos en julio a la banca pública alemana pueden dificultar también las maniobras de De Palacio y Solbes.
El pasado 2 de octubre, el expediente de Sniace regresaba a la luz. "La Comisión pide a España que facilite, en el plazo de un mes a partir de la recepción de esta carta, todos los documentos, información y datos necesarios para evaluar el caso". Poco podía imaginar la papelera austríaca Lenzing AG, la primera en denunciar en 1997 las presuntas ayudas ilegales recibidas por su rival Sniace, que la queja podría desatar una transformación del mapa bancario español. Pero así puede ocurrir si Monti no frena otra vez la maquinaria.
La petición urgente de información indica ya que la comunicación sobre el caso entre Bruselas y Madrid no es del todo fluida. Al exigir la información complementaria mediante una decisión formal, Monti intenta asegurar el cumplimiento de la orden bajo amenaza al Gobierno de llevarle ante el Tribunal de Justicia de la UE. El plazo para contestar está a punto de expirar.
Precedente para el sector
El empecinamiento del Gobierno español puede deparar consecuencias desastrosas para Sniace, Caja Cantabria y el resto de cajas. "La Comisión adoptará una decisión con base a la información de que dispone", advierte la misiva, y pide a Madrid que informe inmediatamente a la papelera de esta posibilidad.
Más inquietante aún para las cajas puede resultar que la Comisión ya haya consultado la jurisprudencia necesaria para contrarrestar cualquier argumento español sobre el carácter privado de la Caja Cantabria. La acusación comunitaria está dispuesta a recurrir a una sentencia de 1996 del Tribunal de Luxemburgo sobre un crédito concedido a Air France, la compañía aérea de bandera francesa.
También entonces el Gobierno de París argumentó que la entidad prestamista, la Caisse de Dépôts et Consignations-Participations (CDC-P), era una sociedad limitada sujeta a la ley comercial. Bruselas afirmó, sin embargo, que los directores de la matriz de esa sociedad, la Caisse de Dépôts et Consignations, eran nombrados por el Elíseo, lo que convertía sus actuaciones financieras en posible ayuda de Estado.
El Tribunal, en primera instancia, secundó la tesis de la Comisión. Los 1.500 millones de francos que salvaron a Air France de la quiebra en 1992 se consideraron como ayuda de Estado. Y todo el sector público de crédito francés se vio obligado a transformarse en cooperativas de ahorro para no enfrentarse a un procedimiento similar.
En Alemania, un caso singular también sirvió de preaviso para el cambio de todas la banca pública. El expediente contra el banco regional WestLB precedió al reciente pacto entre Bruselas y Berlín para limitar severamente las ventajas de la banca pública en Alemania. El expediente se incoó a instancias de una denuncia de la Federación Bancaria Europea. El caso alemán es distinto al español. Las cajas germanas disfrutaban de avales públicos, pero también es considerado un precedente.
Martínez Sieso negocia una nueva ley autónoma
Caja Cantabria es una de las entidades de ahorro con mayor representación política de España, superando con creces el límite del 50%. La reactivación del expediente de Bruselas coincide con las negociaciones abiertas por el Gobierno de Cantabria (presidido por José Joaquin Martínez Sieso) para crear una nueva ley de cajas, en la que está previsto una rebaja considerable de la representación política en Caja Cantabria.
El Gobierno central también ha comunicado hace unas semanas a las cajas de ahorros su intención de activar la despolitización de las cajas, reforma que tiene pensado incluir por enmienda parlamentaria en la Ley Financiera. Aunque los plazos de Bruselas corren en su contra, por lo que puede que opte por tramitar esta enmienda vía Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado.
La Comisión Europea basa su sospecha sobre las cajas españolas en la Directiva 2000/52/CE, publicada en julio de 2000, por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE, relativa a las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas. En esta directiva se define lo que es una empresa pública. Se entiende por tal cualquier empresa en la que los poderes públicos puedan ejercer directa o indirectamente una influencia dominante en razón de la propiedad de la participación financiera o de las normas que la rigen. La directiva establece como influencia dominante cuando el Estado u otras Administraciones territoriales directa o indirectamente puedan designar a más del 50% de los miembros de los órganos de administración, de dirección o de vigilancia de la empresa.
Si se sobrepasa esta representación pública dominante en una entidad financiera privada (caso las cajas de ahorros españolas, según una sentencia del Tribunal Constitucional de 1982), los préstamos que realiza a empresas pueden considerarse ayudas públicas.