Los acreedores de la quiebra de Agemac reclaman 3.600 millones a la familia Verdés
La última junta de acreedores de la quiebra de Agemac Tecnoseveco ha aprobado reclamar 21,64 millones de euros (3.600 millones de pesetas) a la familia Verdés, los propietarios de la compañía cuando presentó suspensión de pagos en octubre de 1997.
Los tres síndicos judiciales que instruyen la quiebra (dos de ellos designados por los trabajadores) reclaman esta cantidad, aunque "sólo falta por pagar 170 millones de pesetas a los empleados de Agemac", aseguraron fuentes cercanas a la familia Verdés. Hasta el momento, los trabajadores han cobrado más de 800 millones de pesetas, indicaron las mismas fuentes.
Este grupo familiar está formado actualmente por las compañías Funosa y Talleres Felipe Verdés, que mantienen una plantilla conjunta superior a los 500 trabajadores. "Con la reclamación presentada por la junta de acreedores podría peligrar el futuro de estas dos últimas empresas", aseguró el mismo portavoz.
En este sentido, las mismas fuentes indicaron que un acreedor prevé presentar en breve una querella contra el antiguo administrador de la suspensión de pagos de Agemac, Lluis Ballesteros, ampliable a los actuales tres síndicos de la quiebra.
Cierre
Agemac Tecnoseveco, sociedad dedicada a la ingeniería y producción de maquinaria para el sector de cerámica, presentó un pasivo de 55,61 millones de euros (9.252 millones de pesetas) en el expediente de suspensión de pagos, deuda que fue rebajada posteriormente hasta los 35,79 millones de euros (5.955 millones de pesetas).
La compañía, que llegó a facturar por valor de 42,07 millones de euros (7.000 millones de pesetas) con una plantilla de 400 personas, presentó en su momento una quita de hasta el 70% de la deuda a la junta de acreedores. El Juzgado de Igualada (Barcelona) declaró la quiebra necesaria en 1999 argumentando que los accionistas no atendieron las deudas contraídas después de presentar la insolvencia provisional.
Finalmente, los trabajadores y la dirección de la empresa pactaron el cierre de la misma, con la rescisión de los 265 empleos.
El empresario italiano Alberto Putin intentó antes adquirir la compañía por un precio mínimo.