La Audiencia de Barcelona inicia el juicio por delito fiscal contra Bankpyme
A Busquets se le imputa, además, otro delito fiscal como presunto autor material de la ocultación de dinero a Hacienda, pues era titular de una de las cuentas de los fondos con 242 millones de pesetas.
La Audiencia de Barcelona inició ayer el juicio contra la cúpula de Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme) por su presunta implicación en un delito fiscal al crear fondos de inversión opacos al fisco. En el banquillo se sentaron ayer los cuatro altos ejecutivos del banco: el que hasta hace poco fue presidente de la entidad, Joan Jané Solá; los vicepresidentes, Josep María Fabregat y Francisco Busquets, y el apoderado, Alberto Rivillo. Para ellos el fiscal pide ocho penas de un año de prisión por otros tantos delitos fiscales. A Busquets se le imputa, además, otro delito fiscal como presunto autor material de la ocultación de dinero a Hacienda, pues era titular de una de las cuentas de los fondos con 242 millones de pesetas.
También ocho clientes están acusados de ocultar sus ahorros en dos fondos de inversión, Multidinero y Multivalor. El fiscal pide para ellos penas de un año de prisión. Según el fiscal, estos fondos de inversión se crearon en 1986 y 1987 (antes de que fuera obligatorio presentar el DNI en estas operaciones) y en dos años lograron acumular 62.000 millones depositados por 12.185 clientes, cuyas identidades, en el caso de los mejores clientes, estaban ocultas tras nombres supuestos.
Identidades ficticias
Jané Solá declaró ayer en el juicio que esta táctica, de uso interno, perseguía proteger a los inversores de posibles extorsiones o incluso del "terrorismo" y no ocultar las identidades y el dinero a Hacienda. Asimismo, desveló que sólo 85 de esos clientes tenían inversiones de más de un millón de pesetas, y había clientes con fondos de más de 600 millones de pesetas. La juez instructora, Montserrat Comas (nueva vocal del Consejo General del Poder Judicial), cifró en 58.000 millones el dinero oculto al fisco. En el caso estuvieron imputadas 80 personas, pero retrasos en la notificación judicial hizo que la mayoría pudiera saldar sus deudas con Hacienda con declaraciones complementarias. Los inversores evitaron así implicarse y Hacienda ingresó en una semana 7.500 millones de pesetas.