Las comunidades socialistas exigen cambios en el pacto de farmacia para apoyarlo
La comparecencia de Celia Villalobos en el Congreso de los Diputados para explicar el pacto de estabilidad farmacéutica será polémica. Si el acuerdo con Farmaindustria no se modifica, los consejeros socialistas rechazarán el pacto de estabilidad en el consejo interterritorial que se convoque para discutir este asunto.
El consejero de Sanidad de Andalucía, Francisco Vallejo, que remitió el pasado 2 de noviembre a Villalobos una carta anunciándole que se desvinculaba del acuerdo, envió ayer una segunda misiva a la ministra pidiendo la convocatoria urgente y extraordinaria del consejo interterritorial, cuya reunión ordinaria estaba prevista para el 12 de diciembre. Vallejo quiere discutir también en este foro el destino final de las aportaciones que harán de las compañías.
Villalobos, en esta ocasión respaldada por el consejero de Sanidad de Cataluña, Eduardo Rius, no sólo se ha extralimitado en sus competencias firmando los acuerdos en nombre de un consejo interterritorial que aún no ha sido convocado para tal efecto, sino que además ha anulado la capacidad de los servicios de salud para adoptar medidas de control del gasto en el caso de que éste se dispare y sea inasumible por las arcas autonómicas.
El problema es que la letra pequeña del documento pactado con Farmaindustria, sobre el que las partes han mantenido la más absoluta reserva hasta ahora, explicita como adecuado un crecimiento anual del gasto en medicinas del 9,5% a cambio de una aportación de la industria del 1,61% sobre PVL (precio venta del laboratorio). Según explicó a este diario Francisco Vallejo, los puntos dos y siete "limitan la capacidad de los servicios de salud para controlar el gasto en sus territorios, porque Farmaindustria revisará el acuerdo si esto sucede". El País Vasco también ha manifestado su malestar por la invasión de competencias.
No es éste el único asunto que preocupa a los consejeros. Además de las desgravaciones fiscales que la industria espera arrancar a Hacienda, Villalobos enviará a las compañías su facturación mensual, lo que abre, a juicio de los políticos, una nueva e inusitada vía al marketing farmacéutico. Esta medida contrasta con el retraso que lleva la norma sobre control de publicidad en medicinas, que debería haberse aprobado el 31 de octubre del año pasado.
En cuanto a CiU, la presencia de Rius en la firma con Farmaindustria resulta más elocuente que cualquier comentario. Las comunidades dan por hecho que, a cambio de la foto, Cataluña se ha garantizado parte de los fondos destinados a investigación. De todas formas resulta curioso que ayer este consejero no acudiese, en calidad de vicepresidente del consejo interterritorial, a la firma con el resto de agentes.
Los socialistas pedirán hoy, a través de su portavoz de Sanidad, Matilde Valentín, que se cumpla la moción que inspiró el pacto de estabilidad y que instaba al ministerio a redactar junto a las comunidades un programa de control y racionalización del gasto que garantizase a los territorios una factura en medicamentos asumible. En los mismos términos se pronunciará María del Mar Julios, de Coalición Canaria.