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Los jueces rechazan que la Ley Concursal mantenga privilegios para el Estado

La Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido el informe preceptivo al anteproyecto de Ley Orgánica para la Reforma Concursal, que será debatido en el pleno del Consejo el próximo 9 de noviembre. El dictamen considera "positiva" la nueva regulación concursal, aunque hace numerosas matizaciones a su articulado. Cree que han de eliminarse todos los privilegios para los créditos públicos y se muestra de acuerdo, en términos generales, con el nuevo modelo de Administración judicial, así como con la creación de juzgados de lo mercantil.

El informe no vinculante que ha emitido la comisión de estudios del Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto de la Ley Concursal pone de manifiesto la necesidad de la nueva norma para la actual realidad social y económica.

Además, califica la iniciativa de "positiva" porque se pone fin a "la dispersión, la inadecuación y falta de coherencia normativa vigente. Supone acabar con la multiplicidad consecuente de procedimientos concursales, el evidente mal funcionamiento de los procedimientos concursales, la desigualdad en el tratamiento de los afectados y la existencia de abusos y simulaciones".

En términos generales, el dictamen apoya la nueva norma, aunque recoge numerosas matizaciones a su articulado. El informe, que será debatido en el último pleno del actual CGPJ, se muestra contrario a que se mantengan privilegios para los créditos públicos, a pesar de que en la nueva ley quedan reducidos.

Según la comisión de estudios, "en cuanto a la Hacienda pública y a la Tesorería de la Seguridad Social, en la mayoría de los derechos europeos estos créditos han dejado de ser privilegiados". Considera que de esta forma se evitan agravios contra los acreedores ordinarios y se reduce "significativamente la discrecionalidad de la Administración pública en la solución de las crisis económicas, en la medida en que la renuncia al privilegio deja de ser condición necesaria par la viabilidad de la empresa insolvente".

Administración judicial

La nueva ley opta por un órgano colegiado con nociones jurídicas y económicas para encarnar la Administración judicial. Aunque el informe apunta que podía haberse elegido profesionales expertos en la tramitación de crisis, considera el nuevo modelo "aceptable". Añade que también es "positivo" las previsiones dirigidas a que la Administración judicial se lleve "a cabo de manera ética". Por ellos se pormenoriza una regulación de las incapacidades, prohibiciones, recusaciones... de los administradores judiciales", aunque critica que no se incluya una relación detallada de sus cometidos.

En cuanto a la creación de juzgados de lo mercantil, se muestra a favor, aunque hace algunas precisiones sobre su demarcación, entre otros aspectos. Respecto a las competencias del juez especializado en asuntos mercantiles, el CGPJ considera que debe precisarse cuáles deben ser los límites con las jurisdicciones civil, laboral y penal.

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