El Gobierno aprobará la Ley de Mecenazgo antes de diciembre
El Consejo de Ministros estudió ayer el borrador de la nueva Ley de Mecenazgo, que será aprobada antes de diciembre, y en la que se incluyen importantes deducciones fiscales para personas físicas y jurídicas que realicen aportaciones a este tipo de actividades.
El Gobierno estudió ayer el borrador de la nueva Ley de Mecenazgo, con la intención de aprobarla en una de las dos próximas reuniones del Consejo de Ministros, antes de diciembre, según señaló ayer el ministro portavoz, Pío Cabanillas.
El informe interno estudiado por el Ejecutivo será remitido primeramente a la Comisión de Subsecretarios para ser aprobada posteriormente por el Gobierno y enviada al Congreso para su tramitación parlamentaria.
La nueva ley trata de introducir una nueva "filosofía fiscal" para dejar exentas de tributación actividades de mecenazgo que ahora no lo están, así como introducir mayores desgravaciones fiscales en el IRPF y el impuesto sobre sociedades para aquellos ciudadanos o empresas comprometidos con el desarrollo de estos proyectos.
En concreto, el borrador recoge una deducción del 25% en la cuota del IRPF para todas las personas que hagan donativos a las entidades establecidas, frente al 20% actual. En el impuesto sobre sociedades la deducción será del 35% en la cuota, en contraste con las deducciones con límites en la base que existen ahora.
Además se amplían los supuestos de donaciones que dan derecho a esta deducción, como los donativos de bienes, las aportaciones a fundaciones o donaciones para rehabilitación y la mejora de infraestructuras en ciudades patrimonio de la humanidad.
La intención del Gobierno es que la ley pueda entrar en vigor en el año 2002, para propiciar que aumente el número de empresas que dedican recursos económicos a este tipo de actividades. El proyecto de ley contempla también la simplificación de trámites burocráticos para estas actividades y la supresión de trabas administrativas que favorezcan su proliferación.
La Ley de Mecenazgo incluirá también, a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores, incentivos fiscales para las empresas que contribuyan a la ayuda al desarrollo fuera de España. Las opciones que se están barajando en estos momentos pasan por deducciones en la cuota del impuesto de sociedades -se habla del 35%- para las donaciones de las empresas a organismos y proyectos vinculados a la ayuda oficial al desarrollo, así como a la creación y mantenimiento de fundaciones para la cooperación.
Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó ayer el reparto de fondos del Ministerio de Agricultura por valor de 9.498 millones de pesetas para atender las necesidades de las comunidades autónomas afectadas por la reestructuración de la flota que faenaba al amparo del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos. æpermil;stas son Andalucía, Canarias y Galicia.
Los criterios de distribución de estos fondos fueron acordados en la Conferencia Sectorial de Pesca celebrada en julio. Del total, 6.555 millones corresponden a financiación comunitaria. El Gobierno aprobó ayer, asimismo, el reparto de 1.113 millones de pesetas para el fomento de la acuicultura, y el destino de 1.663 millones para la defensa el patrimonio genético del ganado autóctono. También fue aprobado el traspaso a Castilla y León de las competencias en políticas activas de empleo.