Hacienda no aclara en el Congreso el freno a las inspecciones a Gescartera
El director general de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz Gallud, eludió aclarar ayer en la comisión de investigación las circunstancias que rodearon la paralización de cuatro inspecciones abiertas a Gescartera en el año 1998.
La oposición fue ayer incapaz de sacar al responsable de la Agencia Tributaria datos de interés sobre la paralización de las cuatro inspecciones abiertas a Gescartera en 1998. Salvador Ruiz Gallud sólo aprovechó su comparecencia para negar que la agencia actuara con ineficacia, en clara contradicción con lo que manifestó hace 15 días. También culpó al Estatuto del Contribuyente del carpetazo dado a uno de los expedientes (llevaba abierto más de tres años, cuando el máximo permitido es de dos) y señaló que la Hacienda pública no ha perdido dinero por estas decisiones, pues hubiera sido una investigación muy costosa ante expedientes que ofrecían, a juicio de Gallud, un nivel de riesgo fiscal "muy bajo".
Gallud no facilitó siquiera las provincias en donde se iniciaron las inspecciones, información que considera "poco relevante".
La voz cantante la llevó la diputada socialista Maite Costa, quien desveló la existencia de un expediente incoado por Hacienda a un empresario mallorquín de la construcción al que se le reclaman 245 millones de pesetas por aumentos patrimoniales entre 1995 y 1997.
Se trata de Carlos Ortín Barrón, quien el 5 de septiembre acudió a la Audiencia Nacional a denunciar que, en contra de los datos que obran en poder de la Agencia Tributaria, nunca invirtió a través de Gescartera y, por tanto, no pueden adjudicársele las minusvalías que pretende la agencia de valores intervenida. La sospecha es, pues, que se trata de un mero testaferro, aunque fuentes judiciales definen al interesado como uno de los principales depositantes de dinero en Gescartera.
Según la información facilitada por la diputada socialista, la Agencia Tributaria y el citado contribuyente firmaron el pasado julio un acta de disconformidad que ha paralizado de momento la inspección. El no haber enviado el caso a la fiscalía por un presunto delito fiscal, dado el volumen de la cantidad supuestamente defraudada, puede significar que Hacienda incurrió en prevaricación, según el PSOE. El Grupo Socialista anunció que pedirá al Parlamento que investigue la actuación de esta administración en el caso.
Ortín Barrón tuvo como asesor fiscal a Julio Rodríguez Gil, el mismo que contrató el dueño de Gescartera cuando Hacienda empezó a inspeccionar a los testaferros utilizados por la agencia.
La agencia de Madrid, en el centro de la sospecha
Los documentos que obran en poder del Grupo Socialista desvelan también que uno de los expedientes a los que Hacienda dio carpetazo en 1998 guarda relación con la empresa Brestol, radicada en Barcelona, cuyo propietario está relacionado con Gescartera.
Dicha compañía estuvo también asesorada por Julio Rodríguez Gil, el experto fiscal al que contrató Antonio Camacho, principal accionista de Gescartera, cuando observó que podía tener serios problemas con Hacienda al descubrirse su red de testaferros.
La diputada Maite Costa señaló que la inspección desarrollada en Barcelona por la Agencia Tributaria fue rigurosa pero se paralizó al enviarse el expediente a Madrid, ya que Gescartera era una sociedad domiciliada en esta capital. El director de la agencia, Salvador Ruiz Gallud, se negó a facilitar a los diputados información sobre este expediente, con el argumento de que debía proteger la confidencialidad de todos los contribuyentes.
Según informó Ruiz Gallud, Hacienda tiene en estos momentos sometidos a investigación tributaria a 65 contribuyentes relacionados con Gescartera. El PSOE le animó a que la Agencia investigue hasta el fondo la titularidad real de las inversiones canalizadas por Gescartera mediante cuentas bancarias y aporte toda la documentación al Congreso.
El celo con el que Hacienda ha esquivado hasta ahora las peticiones de información sobre Gescartera contrasta con las 10 voluminosas carpetas remitidas al Congreso en 1997, que contenían cientos de expedientes de contribuyentes concretos relacionados con el caso de los 200.000 millones denunciado por el PP.