La Generalitat impulsa que las cajas inviertan más en infraestructuras
El Gobierno catalán confía en los recursos de las cajas de ahorro para poder llevar a cabo las inversiones en infraestructuras que requiere Cataluña y que la Administración no siempre puede financiar. æpermil;sta es una de las razones que llevó ayer a CiU a secundar la proposición no de ley de ERC que insta al Ejecutivo a adoptar medidas legales para garantizar, entre otras cosas, que las cajas inviertan en infraestructuras.
El Parlamento catalán dio ayer luz verde a una proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana que insta al Gobierno autonómico a adoptar medidas legales para "incentivar la financiación preferente" por parte de las cajas de ahorros catalanas de la actividad de las pymes, de la economía social y de las infraestructuras.
En la práctica, esta iniciativa permitirá a la Consejería de Economía involucrar a las cajas en la realización de proyectos para los que no cuenta con financiación pública, especialmente infraestructuras. Aunque el nuevo modelo de financiación autonómica incrementa sustancialmente los recursos de la comunidad, no son suficientes para afrontar las inversiones de envergadura que requiere Cataluña.
El caso más paradigmático es el del bucle que ha de permitir la llegada del AVE al aeropuerto de El Prat. Tras la negativa de Fomento a asumir el coste de esta inversión, el Gobierno catalán se comprometió a costear este tramo, recurriendo en la medida de lo posible a la financiación privada. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, apuntó en su día que esperaba contar con constructoras, concesionarias de autopistas o entidades financieras para sufragar los 15.000 millones de pesetas que costaría el bucle.
Tras la Comisión de Economía que ha aprobado la iniciativa, Francesc Homs aseguró que "la propuesta no es sólo iniciativa de ERC, ya que CiU la ha consensuado antes de la votación, en línea con lo que quiere hacer el Gobierno de la Generalitat".
Reflejo presupuestario
Para Homs se trata de "abrir nuevas vías de colaboración con las cajas de ahorros para que nos ayuden en los planes de infraestructuras que necesita Cataluña, principalmente en las áreas de infraestructuras sociales y culturales". El consejero aseguró que la normativa se desarrollará durante los próximos meses, pero que tanto "en los Presupuestos Generales del Estado como en el Presupuesto catalán ya se verán reflejadas algunas de estas iniciativas". Homs considera que es necesaria cada vez más la participación del dinero privado en la construcción y desarrollo de infraestructuras que no están al alcance del sector público.
En varias ocasiones el titular de Economía ha defendido la necesidad de utilizar "fórmulas imaginativas", semejantes al leasing, que permitan compatibilizar los intereses públicos y privados: atender las necesidades de la población y, al mismo tiempo, garantizar un beneficio al sector privado.
El portavoz del grupo parlamentario de ERC, Josep Huguet -artífice de la iniciativa-, asegura que "no tiene sentido que las cajas estén financiando grandes empresas del Ibex y no ejerzan un papel dinamizador de la economía catalana", en referencia a La Caixa. Autopistas, centros de investigación o edificios destinados a la justicia son algunos ejemplos en los que, según Huguet, la participación de las cajas puede ser decisiva, sin que vean menguada su cuenta de resultados.
Un precedente de 2.000 millones en 1997
æpermil;sta no es la primera vez que la Generalitat intenta compensar sus menguados recursos con la aportación de las cajas de ahorros catalanas. En 1997, Pujol consiguió arrancar, no sin esfuerzo y bastante polémica, 2.000 millones de pesetas de 10 cajas de ahorros catalanas. Estos recursos, que formaban parte de la obra social de las cajas, permitieron al Ejecutivo autonómico reducir los gastos de los Departamentos de Cultura y Bienestar Social y dedicarlos a subvencionar entidades y organizaciones sociales y culturales.
Era la primera vez que el Gobierno catalán iba más allá de la genérica "tarea de orientación en materia de obra social, señalando prioridades", que establece el artículo 4 de la Ley de Cajas catalana. Menos éxito tuvo el Ejecutivo con el pacto por el empleo, en el que intentó en vano implicar a las entidades catalanas, aunque paradójicamente sí contó con el respaldo de cajas de fuera de Cataluña.
Ayer la Cámara catalana aprobó otras dos proposiciones no de ley -también iniciativa de ERC- que instan al Govern a realizar un estudio sobre la obra social de las cajas en los últimos 20 años, así como a publicar anualmente estos datos. La Caixa destinará este año 27.000 millones a obra social, 4.000 millones más que en 2000.