Las Administraciones son responsables de los accidentes por el mal estado de la calzada
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha condenado al Gobierno de Cantabria a abonar un montante global de más de 1,3 millones de pesetas por tres accidentes ocurridos en diferentes carreteras cántabras y que el tribunal considera que se debieron al "deficiente estado" de la vía.
Las tres sentencias, hechas públicas ayer, consideran probado el nexo causal entre el mal estado de la carretera por la que transitaban los vehículos siniestrados y los accidentes en los que se vieron involucrados cada uno de ellos.
En concreto, una de las sentencias estima el recurso de una conductora sobre cuyo vehículo cayó un árbol cuando circulaba por una carretera. En este caso la Administración reconoció su responsabilidad, pero sólo admitía una indemnización de 520.042 pesetas, que ahora el TSJC eleva a 653.295 pesetas por los daños y perjuicios ocasionados y por la secuela que le quedó a la víctima (cervicalgia sin irradiación). La segunda sentencia estima el recurso presentado por otro conductor y su compañía de seguros contra la resolución de la Consejería de Obras Públicas por la que se desestimó su petición de responsabilidad patrimonial. Según el TSJC, los hechos revelan de forma "clara y nítida" el nexo causal entre el "deficiente estado de la carretera" y el accidente.
El accidente se produjo cuando el vehículo transitaba por dicho lugar y cayeron a la carretera de forma "totalmente inesperada" un montón de tierra y ramas producto de un desprendimiento. Así, y teniendo en cuenta los daños sufridos por el vehículo, establece una indemnización de 645.000 pesetas.
La tercera sentencia considera igualmente probado de manera "clara y nítida" el nexo causal entre el estado de la carretera y el accidente de un conductor que introdujo la rueda delantera derecha de su vehículo en un socavón. El TSJC estima el recurso del conductor contra la desestimación de la Consejería de su responsabilidad patrimonial y condena a la Administración a pagar 56.932 pesetas.