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Canarias discrimina en favor del residente con cinco medidas

El Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos y representantes económicos y sociales del archipiélago trabajan actualmente en cinco medidas para defender los intereses de los residentes frente a los trabajadores y la inversión procedente del exterior de las islas.

Coalición Canaria, que gobierna en la comunidad con apoyo del PP, pretende limitar las casas de uso residencial, el uso de varios automóviles por persona, la construcción de más hipermercados y restringir las plantaciones de plátanos con derecho a ayudas de la UE.

La tesis del Gobierno de Canarias es que el crecimiento económico de las islas se hace a costa del territorio, y éste es limitado.

Si la tesis que defiende el presidente autonómico, Román Rodríguez, sale adelante, un ciudadano belga o de Lugo no tendrá las mismas posibilidades, por ejemplo en materia de empleo, que uno nacido en territorio insular. Al menos, este fue el acuerdo adoptado el 3 de octubre de 2001 por el Gobierno regional, que vincula la concesión de licencias a hoteles de cinco estrellas a que el 80% de la mano de obra contratada proceda de las islas.

También "deberá garantizarse" que el 50% del personal al servicio de un hotel de cinco estrellas resida en un radio de 25 kilómetros del lugar del establecimiento. De esta forma, el Gobierno autónomo canario, que disfruta de aranceles a la importación de productos y de múltiples ayudas de la UE por ser región ultraperiférica, pretende "llevar al límite" la normativa comunitaria en lo que a circulación de mano de obra se refiere.

Hipermercados

Por otro lado, la Administración autonómica pretende restringir el uso del automóvil, basándose en el fuerte crecimiento del parque en los últimos años (ahora hay 136 vehículos por kilómetros cuadrado), propuesta que ya ha sido descalificada por Rafael Pombriego, portavoz de Aiva, la patronal canaria de la importación de vehículos.

Por otra parte, el consejero de Economía, Adán Martín, ha confirmado la próxima remisión al Parlamento regional de un proyecto de ley que suspende la concesión de licencias para superficies comerciales de más de 2.500 metros cuadrados, para que entre en vigor antes de fin de año. Tampoco se concederán licencias a grupos que controlen más del 25% de la cuota de mercado.

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