"Imponer la reforma de los convenios generaría un conflicto permanente"

Cándido Méndez (Badajoz, 1952) es secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) desde abril de 1994. Tras más de siete años en la cumbre del sindicalismo español, Méndez se enfrenta ahora a una reforma en profundidad de la principal razón de ser de un sindicato:la negociación de colectiva. Pregunta.

¿Cuándo se va a cerrar la reforma de los convenios?

Respuesta. Es imposible decir cuándo se puede producir un desenlace en esta no negociación. Desde el principio hemos mostrado nuestra disconformidad con este proceso en el q ue el Gobierno se ha erigido protagonista de algo que no debe serlo. Pero aun con esa diferencia de método, que no es insustancial porque determina el contenido final, UGT quería y quiere estar presente en esta negociación.

P. Entonces, no se levantarán de la mesa, pero, ¿podría repetirse el escenario del último acuerdo de pensiones, en el que UGT se quedó sola porque CC OO sí firmó con el Gobierno y con la patronal?

R. No lo creo. CC OO y UGT hemos reflexionado sobre este tema; y, en segundo lugar, estamos convencidos de que o están todas las partes en este acuerdo o se llegará a una situación absurda.

P. A día de hoy, ¿qué elementos del anteproyecto de ley de reforma propuesto por el Gobierno merecen el rechazo rotundo de la UGT?

R. No estamos de acuerdo con la prevalencia prácticamente exclusiva de los convenios de empresa sobre los sectoriales de carácter estatal. Además, los contenidos que el Gobierno quiere reservar a los convenios sectoriales no incorporan contenidos fundamentales como el salario y la jornada; se limitan a hablar de ingresos, que no es lo mismo que salario, y que jurídica y laboralmente no tiene ningún valor.

P. Sin embargo, ¿no cree que los convenios de ámbito empresarial son los que mejor se adaptan a la situación de cada empresa y, por tanto, tiene sentido que el Gobierno trate de incrementar su poder?

R. No estamos en desacuerdo con los convenios colectivos de empresa, de hecho negociamos en torno a 4.000 año. Con lo que no estamos de acuerdo en absoluto es con que el Ejecutivo pretenda vaciar de contenido los convenios intermedios (provinciales y autonómicos), que a la vuelta de cuatro o cinco años desaparecerán, y sin ninguna garantía de que los elementos fundamentales que regulaban se puedan incluir en convenios superiores de ámbito estatal. La consecuencia será la exclusión de millones de trabajadores de la cobertura de la negociación colectiva.

P. ¿Qué intención cree que persigue el Gobierno con esta reforma?

R. Entre otras cosas, el Ministerio de Economía, que es el que lidera este debate, intenta erróneamente luchar contra las tensiones inflacionistas, de las que culpa a las cláusulas de revisión salarial. Esto es una incoherencia porque precisamente son los convenios de empresa que quiere potenciar los que tienen estas cláusulas.

P. En este momento de la negociación, ¿qué tiene que hacer el Gobierno?

R. Retirarse y devolver esta negociación a su ámbito natural que es el de los sindicatos y los empresarios. Es más, se debe dar cuenta de que lo contrario supondrá una mala operación de imagen para sus pretensiones centristas.

P. Si desoyen cualquier recomendación y deciden imponer su reforma ante la falta de consenso, ¿habrá huelga general?

R. Esto lo tendremos que hablar con CC OO y con otros sindicatos cuando se produzca el escenario y tomaremos la decisión que consideremos oportuna. Pero, en cualquier caso, el Gobierno del señor Aznar tiene que saber que la conflictividad no se debe agotar en una presión puntual, sino que debe ir más allá; habrá un enrarecimiento general de las relaciones laborales en el país. Generaría una conflictividad continuada y de gran calado en las consecuencias.

P. ¿Cuál será entonces la actitud de los sindicatos?

R. Mantener nuestras posiciones y que a nadie le quepa la menor duda de que comenzaremos a trabar alianzas con las patronales. Algo tendríamos que hacer conjuntamente, porque la patronal tampoco quiere la reforma del Gobierno. Primero deberíamos abrir un diálogo con CEOE y Cepyme y establecer una oleada de opinión.

P. ¿Qué otras reformas quedan pendientes?

R. Si todo esto sale bien [la reforma de los convenios], el Gobierno deberá plantearse si abre una mesa para modificar el sistema de protección por desempleo.

P. ¿Qué hay que cambiar?

R. Se debe mejorar la cuantía de las prestaciones y aumentar la cobertura. Para ello, sería imprescindible que el medio billón de pesetas de superávit con el que cuenta el Inem se destine a mejorar dichas prestaciones y no a políticas activas de empleo. La formación es un derecho constitucional que hay que financiar con impuestos y no con el medio billón de pesetas que sale de las cotizaciones de los trabajadores.

 

Hay sectores que saldrán beneficiados por la crisis

Cándido Méndez tiene muy claro que todas las reestructuraciones de plantilla que se están haciendo en la actualidad no son fruto de las consecuencias de los atentados terroristas en EE UU, sino de errores de cálculo de los empresarios.

"Lo primero que hay que aclarar -enfatiza- es que estamos en una situación de desaceleración económica que se remonta a fechas anteriores al atentado de las Torres Gemelas". No obstante, el líder sindical es contrario a dejarse llevar por las recetas que recomiendan aplicar la política de subvenciones estatales para que las empresas salgan del hoyo.

A este respecto, pone en duda la decisión del Gobierno francés de aplicar ayudas a sectores como el turismo, perjudicados en teoría por la crisis de incertidumbre económica mundial. Precisamente, en su opinión, hay sectores afectados por ciertas contradicciones tras los atentados. "Yo no tengo tan claro que en España, por ejemplo, esta circunstancia tan terrible, y que hay que lamentar, no vaya a provocar una aumento de las demandas", explica Cándido.

En esta misma línea, recordó que otros conflictos bélicos del pasado, como el de la ex Yugoslavia, fueron beneficiosos para el sector turístico español.

En cualquier caso, Méndez arremetió contra los mensajes tranquilizadores del presidente del Gobierno, José María Aznar, en cuanto al futuro económico inmediato, al considerar que "lamentablemente, los mensajes de Aznar producen el efecto contrario al que se desea y, por eso, son inconvenientes".