Montoro cederá tributos a los municipios para que puedan bajar el precio del suelo

Hacienda ha decidido extender la corresponsabilidad fiscal a las corporaciones locales, tal y como exigen los ayuntamientos. El Gobierno está dispuesto a ceder un porcentaje de los impuestos estatales a los ayuntamientos y compensar la pérdida de ingresos del IAE con un IBI reformado para dotar a los municipios de suficiencia financiera y evitar la especulación en torno al suelo.

Según explicó ayer en el Congreso Antonio Beteta, secretario general de Administraciones Territoriales, la cesión de otra parte de los tributos estatales iría unida a una reforma global del sistema financiero de las corporaciones locales, reforma que tiene por objeto dotar a estas Administraciones territoriales de suficiencia financiera, compensar la pérdida recaudatoria derivada de la supresión del IAE -aproximadamente 250.000 millones de pesetas- y evitar la presión municipal sobre el precio final de la vivienda, mediante retenciones y recalificaciones de suelo.

Durante su comparecencia, el secretario general técnico de Hacienda insistió una vez más en la necesidad de suprimir el impuesto de actividades económicas para el 90% de los negocios, pese a las reticencias de la Federación Española de Municipios y Provincias, por ser éste un tributo regresivo, al no considerar las circunstancias económicas y personales de los sujetos pasivos.

Beteta aseguró, además, que éste podría compensarse "de más" con los ingresos derivados de una buena gestión del impuesto sobre bienes inmuebles, administración que, a juicio de los expertos, debe centrarse en una adecuada política de tarifas (realmente bajas en la actualidad) y en la gestión integral del impuesto, catastro incluido.

Sobre la capacidad financiera de los municipios, aseguró que en los últimos cinco años las corporaciones locales han liquidado con superávit.

Los impuestos participados y el porcentaje de cesión se enmarcará en la reforma de la financiación local, que el Gobierno pretende abordar a principios del año próximo, y dependerá de las resoluciones que adopten los expertos a los que Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ha encargado elaborar el Libro Blanco de la financiación local.

En principio, Beteta no descartó ningún impuesto y puso énfasis especial en la cesión de un porcentaje de renta. Mercedes de la Merced, primer teniente de alcalde de Madrid, defiende, por su parte, la supresión del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y el establecimiento a favor de los ayuntamientos de una participación en los ingresos obtenidos por IVA por la ejecución de obras para evitar la doble imposición entre estos dos tributos.

En lo que respecta a este punto hay que decir que los ayuntamientos también han pedido fijar nuevas variables -número de desempleados, superficie total de vías públicas, grado de urbanización, población envejecida- en la participación en los ingresos del Estado, transferencia que quedaría para los municipios pobres.

La oferta del Gobierno podría completarse con una participación adicional de las haciendas municipales en los porcentajes tributarios recientemente adquiridos por las comunidades autónomas, aunque Beteta dejó claro que esta posibilidad depende exclusivamente de la negociación entre las partes.

Aunque el secretario general técnico explicó la compensación del IAE no quiso adelantar qué otros impuestos o tasas se necesitarían (y a cuánto debería ascender su recaudación) para compensar los ingresos que los ayuntamientos obtienen del suelo.

Este último asunto es sin duda una de las cuestiones que más polémica va a suscitar una vez se aborde políticamente la reforma de la financiación local. La Asociación Nacional de Constructores y Promotores de España ha denunciado en reiteradas ocasiones que la repercusión del precio del suelo en los costes de construcción de las viviendas puede llegar "en algunos casos al 50%", especialmente en los dos últimos años.

Otros expertos, como Ignacio Ezquiaga, consejero delegado de Analistas Financieros, defienden que "los ayuntamientos no perciben en forma de mayores ingresos los ascensos de los precios del suelo, y menos los provocan". Y aporta otro dato, una comparación internacional de la presión fiscal de la tributación local sobre la propiedad inmobiliaria, que puede apreciarse en el cuadro que acompaña esta información.

A juicio de Ezquiga, el retardo y el sesgo a la baja con que el catastro recoge con frecuencia los niveles y los cambios que tienen lugar en el mercado inmobiliario -apreciación ésta que lleva implícita la necesidad imperiosa de reformar el IBI- está en el origen de esta situación.

Las intervenciones de Beteta y Martínez Pujalte en el Congreso estuvieron ayer más cerca de la denuncia hecha por los promotores.

En la actualidad, el 21% de los ingresos locales tiene que ver con la propiedad inmobiliaria y con el suelo -IBI, construcciones y plusvalías-. El impuesto de bienes inmuebles supone en torno al 15% de los ingresos totales de los ayuntamientos; el impuesto de actividades económicas, el 6%; el de vehículos, el 5%; el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, el 3%, y finalmente, el impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, el 2%. El capítulo de tasas, precios públicos y otros ingresos tributarios supone el 16% del conjunto de ingresos.