El Gobierno valenciano podrá concentrar minifundios por decreto
La futura ley contra el minifundismo que prepara la Generalitat Valenciana podrá ordenar la concentración parcelaria de una determinada zona. Tras la parcelación, los propietarios recibirán un solo terreno de igual valor a los que tenían por separado antes de la actuación. Así se desprende del anteproyecto de Ley sobre Ordenación de las Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana.
El texto legal, que aún puede sufrir modificaciones tanto por las aportaciones de las organizaciones agrarias como en su trámite parlamentario, recoge la posibilidad de que la Generalitat, a instancias de la Consejería de Agricultura, ordene la concentración parcelaria de una zona concreta. Los fines por los que podrá realizarse esta intervención serán para conseguir explotaciones agrarias "agronómicamente viables", la ordenación de zonas que requieran una reestructuración, especialmente el regadío, o la ejecución de obras públicas de interés general.
Según el borrador del anteproyecto de ley, una vez acordada por el Gobierno la realización de la concentración, "ésta será obligatoria para todos los propietarios de las fincas afectadas". La concentración tendrá como objeto constituir explotaciones de estructura adecuada que permitan su viabilidad.
Campos más grandes
La Administración autonómica realizará los estudios técnicos necesarios, tras los cuales se adjudicará a cada propietario "en coto redondo o en el menor número posible de fincas una superficie cuyo valor sea igual" al de las parcelas que anteriormente poseía. Al mismo tiempo se tomará una serie de medidas de ordenación del territorio para que la explotación de las nuevas parcelas sea más fácil y, por tanto, rentable.
El borrador de la ley al que ha tenido acceso este periódico señala además que, después de la reparcelación, los propietarios de fincas de tamaño inferior al que se establezca en el futuro como unidad mínima de cultivo deberán optar por asociarse para alcanzar ese tamaño considerado como rentable o si no vender sus fincas a los titulares de otras parcelas. En caso de negativa, la Generalitat se reserva el derecho de iniciar un proceso de expropiación.
Según el texto de la ley, la Generalitat sufragará todos los "gastos, honorarios y aranceles de los notarios y registradores que intervengan en el procedimiento de concentración", así como de los estudios previos que se realicen.
La futura ley, que podría aprobarse antes de que acabe el año, también recoge medidas para el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos y una serie de ayudas para aquellos propietarios que opten por la explotación en común mediante unidades de explotación concentrada. La constitución de este tipo de sociedades podrá llegar a tener beneficios fiscales.
La Comunidad Valenciana adolece de una estructura agraria minifundista, lo que redunda en un incremento notable de los gastos de producción y, por tanto, de una reducción de los beneficios que percibe el agricultor. La consejera de Agricultura, María Ángeles Ramón-Llin, anunció la elaboración de esta ley en enero de 2000.
La Generalitat tendrá derecho de tanteo
Según el anteproyecto de ley, la Consejería de Agricultura "será titular de un derecho de tanteo y retracto sobre la primera y sucesivas transmisiones de las fincas colindantes a los cotos resultantes de un procedimiento de concentración".
La consejería quiere controlar las ventas de las parcelas anexas a una zona donde ya se haya eliminado el minifundismo, sean del tamaño que sean. Por ello obligará a que los propietarios que quieran vender sus campos tengan que comunicárselo por escrito, documento que los notarios y registradores deberán exigir a los vendedores.
La consejería se reserva un plazo de tres meses para ejecutar el derecho de tanteo o retracto en beneficio propio o de otras entidades públicas.