La ley del mecenazgo introducirá incentivos fiscales a la cooperación
La nueva ley de fundaciones y del mecenazgo que prepara el Ministerio de Hacienda introducirá, a iniciativa del titular de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, incentivos fiscales para la contribución de las empresas a la ayuda al desarrollo.
La incorporación de la política de cooperación como un "elemento fundamental de la acción exterior de España", en palabras del ministro Josep Piqué, va a tener un reflejo directo en el proyecto de ley de fundaciones y del mecenazgo que prepara el Ministerio de Hacienda y que, a iniciativa del titular de Asuntos Exteriores, introducirá incentivos fiscales para estimular la contribución privada a la ayuda al desarrollo .
Aunque todavía están por concretar la formulación y la cuantía de estos incentivos, los responsables de Exteriores defienden la consideración de la ayuda al desarrollo como "una de las actividades que merecen el máximo estímulo fiscal".
En torno a esta idea básica giran las opciones que se están barajando entre ambos departamentos, que incluyen deducciones en la cuota del impuesto de sociedades -se habla de un 35%- para las donaciones de las empresas a organismos y proyectos vinculados a la ayuda oficial al desarrollo, así como a la creación y mantenimiento de fundaciones para la cooperación.
La postura de Exteriores, compartida por el conjunto del Ejecutivo, considera que "la ayuda española al desarrollo no puede verse reducida a la ayuda oficial", y en esta perspectiva de coordinar y sumar esfuerzos se considera que el papel de las empresas como generadores de servicios claves para la modernización de los países en desarrollo es la "primordial contribución" de España a los proyectos de cooperación.
Obtener retornos
Para reforzar esta idea el ministro Josep Piqué recordaba, durante una reciente intervención en Santander, cómo el Gobierno español "tiene sumo interés en el desarrollo de un tejido empresarial tupido y dinámico en América Latina, que es una de las claves para el mejor reparto territorial y sectorial de la riqueza y para el desarrollo sostenido de capas medias, imprescindibles para la existencia de sociedades estables y prósperas".
Además de a la ayuda al desarrollo los beneficios fiscales que introducirá la citada ley de fundaciones y del mecenazgo afectarán a las actividades de asistencia social, sanidad, cultura, educación e investigación que realicen las entidades sin animo de lucro.
Este apoyo al papel de las empresas como instrumento de la política oficial de ayuda al desarrollo se ha visto también reflejado en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2002 que, en el Programa 134-A, de Cooperación para el Desarrollo, encarga a la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) "establecer el adecuado equilibrio entre las acciones de cooperación financiera y técnica y aquellas otras que revisten un carácter de cooperación económica, buscando siempre la obtención del máximo retorno para las actividades financiadas".
Ahondando en esta idea, al enunciar los objetivos de la cooperación económica, el Gobierno anuncia que "se prevén diversos programas para potenciar la interrelación entre el sector empresarial de España y el de otras regiones y países, estableciendo vínculos de los que pueda derivarse a corto y medio plazo un reforzamiento de las relaciones empresariales y comerciales en beneficio de ambas partes, logrando así adecuados retornos para España de los recursos invertidos".
Respecto a las prioridades geográficas de la política de cooperación, el programa presupuestario cita expresamente a Latinoamérica y el mundo árabe, siendo esta última área una de las novedades que se introducen con respecto a los destinos tradicionales de la ayuda española al desarrollo, y que tenía como destinos principales a Guinea Ecuatorial, Santo Tomé, Bosnia Herzegovina, Honduras, Nicaragua y El Salvador, países todos ellos que no superan los 2.000 dólares de producto nacional bruto (PNB) per cápita.
Más de 279 millones de euros en 2002
Manteniendo la tendencia de los cinco últimos años, la partida de los Presupuestos Generales del Estado dedicada a la ayuda al desarrollo dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores crecerá también en 2002 por encima de la media del gasto del Estado.
En concreto, las dotaciones consignadas a la AECI dentro de la ley presupuestaria se elevan a 265,65 millones de euros (44.200 millones de pesetas), de los que, deducidos los gastos de personal y gastos corrientes, quedan 229,3 millones de euros (38.152,3 millones de pesetas) para transferencias de capital e inversiones reales.
A esta cantidad hay que sumar otros 48,1 millones de euros (8.003 millones de pesetas) del fondo para la concesión de microcréditos y los 2 millones de euros (332,7 millones de pesetas) que suman las transferencias de la Secretaría de Estado para Cooperación Internacional y para Iberoamérica a instituciones sin fines de lucro.
En conjunto, y como recordaba también recientemente el ministro Josep Piqué, durante el cuatrienio 2001-2004, periodo de vigencia del Plan Director de la Cooperación Española, aprobado el año pasado, España aportará en concepto de ayuda oficial al desarrollo más de 7.212 millones de euros (1,2 billones de pesetas) de los Presupuestos públicos.