La plantilla de Santana exige 4.000 millones al Gobierno

La Junta de Andalucía advirtió ayer que no dispone ya de margen financiero para acceder a las nuevas exigencias de la plantilla de Santana. Y amenazó con liquidar el 1 de octubre el excedente laboral, cifrado en 395 trabajadores, si éstos no quieren pasar a las empresas privadas. El aviso fue claro: "El parque de proveedores con 420 empleos fijos se pondrá en marcha con o sin los trabajadores de Santana". Como posible salida, plantilla y Junta exigieron al Gobierno central que complemente las ayudas sociales con 4.000 millones.

La reunión de ayer entre la dirección y los trabajadores de Santana sirvió para poner las cartas boca arriba: la plantilla sigue adelante con sus movilizaciones, mientras que la Junta cree que ésta incumple el acuerdo que firmó en febrero y se niega a poner una sola peseta más para ayudas sociales, además de descartar la renegociación con las siete empresas que han comprado líneas de negocio de Santana.

Es más, los plazos de reconversión se mantienen tal y como se pactaron y el 1 de octubre la plantilla de la empresa quedará reducida a 631 trabajadores tras el más que probable despido de los 395 empleados que componen ahora el excedente laboral y que, por el momento, se niegan a pasar a las empresas privadas por no poder mantener los mismos derechos que en Santana.

Salvador Durbán, presidente de Santana, no quiso aclarar si de mantenerse el conflicto el 1 de octubre se optará por un expediente de extinción de contratos, pero fue muy gráfico sobre la determinación de la Junta de Andalucía: "El 1 de octubre Santana tendrá 631 trabajadores y el parque de proveedores empezará a funcionar ese mismo día con o sin los trabajadores de Santana", en alusión a que los 420 empleos fijos que ofertan las empresas privadas pueden ser ocupados por mano de obra ajena a Santana. Todos estos contratos respetan el convenio del metal de Jaén y la mitad de ellos igualan el nivel salarial de Santana.

Ahora bien, el Gobierno andaluz se compromete a seguir negociando hasta el 30 de septiembre y a dedicar a nuevas prejubilaciones, bajas incentivadas y otras medidas sociales que puedan satisfacer las nuevas reivindicaciones del comité y las ayudas que pueda aportar el Gobierno central. Durbán y el presidente del comité de empresa, Juan Salazar, recordaron en este sentido que en otras crisis industriales el Gobierno central ha contribuido con el 40% de los costes sociales, mientras que en este caso ha sido la Junta de Andalucía quien se ha hecho cargo en solitario de unos 10.000 millones de pesetas (60,1 millones de euros).

Los trabajadores, por su parte, tienen todas sus esperanzas puestas en esta posibilidad, que supondría otros 4.000 millones de pesetas (24 millones de euros) para ayudas sociales que complementarían las garantías de la Junta y las que ofrecen las empresas.

¿Más garantías?

El presidente de Santana dijo no alcanzar a comprender cómo se pueden exigir más garantías. Tras recordar que el Plan de Acción de Santana (PAS) que se firmó con los sindicatos daba por cerrados todos los puntos que ahora se discuten, Durbán detalló que la antigüedad que no respetan las empresas privadas en los nuevos contratos ha sido compensada con 20 días por año a todos los trabajadores que se incorporen a las auxiliares.

Además, los operarios que al dejar Santana y pasar a las privadas empeoren sus condiciones laborales son indemnizados con 7,5 millones de pesetas (45.075 euros). Y por las bajas incentivadas se está ofreciendo un mínimo de ocho millones de pesetas (48.080 euros).