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Enrique Giménez Reyna, imputado en el 'caso Gescartera'

El ex secretario de Estado de Hacienda y hermano de la presidenta de Gescartera, Enrique Giménez-Reyna, declarará como imputado el próximo jueves ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios. Un día antes comparecerá el ex técnico de la CNMV y jefe de personal de Gescartera, Salvador Alcaraz. También han sido citados José Antonio García de la Chica, secretario del consejo de Gescartera, y el apoderado de la sociedad de valores, José María Ruiz de la Serna, que solicitó volver a comparecer para ampliar su primera declaración.

La comparecencia como imputado de Enrique Giménez-Reyna acordada para el próximo jueves fue solicitada por el teniente fiscal anticorrupción Luis López Sanz, tras examinar el diario de su hermana y presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna. æpermil;sta se encuentra en prisión desde la pasada semana por los supuestos delitos de estafa y apropiación indebida en relación con la desaparición de 18.000 millones de pesetas.

Pilar Giménez-Reyna anotó en su diario las recomendaciones de su hermano, como, por ejemplo, la de no desvelar ante la CNMV los titulares de ciertos cheques al portador y añadía "como si fuera la A. T. [Agencia Tributaria]". En el diario se desvela, además, que el ex secretario de Estado de Hacienda informaba a Gescartera de las inspecciones abiertas contra la sociedad de valores en la CNMV. Enrique Giménez-Reyna dimitió de su cargo el pasado 20 de julio, poco después de destaparse el escándalo de Gescartera.

Algunos encausados han presentado a Enrique Giménez-Reyna como el mediador ante la recién dimitida ex presidenta de la CNMV Pilar Valiente por las dificultades que venía atravesando Gescartera. Enrique Giménez-Reyna se reunió al menos en dos ocasiones con Pilar Valiente y responsables de Gescartera, entre los que se encontraba Pilar Giménez-Reyna.

El jueves también declara el apoderado de la sociedad, José María Ruiz de la Serna. Un día antes les tocará el turno el ex técnico de la CNMV y jefe de personal de Gescartera Salvador Alcaraz, y al secretario del consejo de administración de Gescartera, José Antonio García de la Chica, a quien la ONCE acusa de falsificar actas del consejo de la sociedad de valores.

Excarcelación

La juez Teresa Palacios también ha dispuesto que mañana el principal implicado en este caso y accionista mayoritario de Gescartera, Antonio Camacho, sea excarcelado para que ayude a la comisión judicial a abrir dos cajas fuertes en la sede de la sociedad de valores que no pudieron ser abiertas en los registros. La instructora también admite la petición del fiscal anticorrupción Luis López Sanz de que la Agencia Tributaria informe al juzgado de todas sus actuaciones respecto a la actividad de la sociedad de valores.

Esta diligencia solicitada por el ministerio público fue denegada en un principio por la juez instructora, al considerar que no estaba suficientemente motivada. Ahora, ante un nuevo escrito del fiscal, la magistrada ha acordado solicitar toda la información a Hacienda sobre Gescartera.

 

El inspector Vives describió a la CNMVen 1999 un manejo caótico de la agencia

Federico Castaño

Con dos semanas de retraso, los diputados de la comisión de investigación tuvieron ayer acceso a los argumentos que en abril de 1999 dio David Vives, adscrito entonces al departamento de supervisión de la CNMV, para que fuera intervenida Gescartera. Fue como un grito en el desierto, porque el ex vicepresidente de la comisión Luis Ramallo y los consejeros Pilar Valiente y José María Roldán se opusieron a dar este paso.

El acta del consejo de la comisión en el que se recogen los argumentos aportados por Vives para intervenir Gescartera, revela que éstos fueron demoledores. En el documento se narra cómo el elevado número de operaciones realizadas para clientes gestionados tenían como contrapartida las cuentas personales de algunos socios de la entidad o sociedades relacionadas con los mismos. Como consecuencia de estas operaciones, las carteras obtenían beneficios a costa de las pérdidas de los socios y las entidades vinculadas.

En Gescartera, según Vives, había una falta de control sobre los patrimonios gestionados, la contratación y la liquidación de operaciones. De hecho, no había registro de operaciones.

El inspector revela una estrecha vinculación financiera de Gescartera con los intermediarios a través de los que operaba, al percibir de éstos el 67% de sus ingresos en concepto de retrocesión de comisiones de las operaciones de sus clientes. Asimismo detecta "arbitrariedad" en los procesos de desglose y asignación de las operaciones entre los patrimonios gestionados.

La elevada operativa intra-day suponía, señala Vives en su informe, una alta rotación de las carteras y un riesgo operativo al realizar operaciones por importes superiores a los patrimonios gestionados.

Difícil viabilidad

El citado inspector ya expresó en abril de 1999 dudas en cuanto a la viabilidad futura de Gescartera, derivadas tanto de su estructura de ingresos como de la evolución del número y el volumen de los patrimonios gestionados.

El consejo de la CNMV también tuvo conocimiento, a través de Vives, de los diversos préstamos concedidos al dueño de Gescartera, Antonio Camacho, por la propia sociedad de Bolsa. Estos créditos y sus amortizaciones no estaban formalizados mediante ningún tipo de contrato y como consecuencia de ellos, añade Vives, Gescartera vio debilitada la efectividad de sus recursos propios.

La información periódica remitida a los clientes por la agencia también dejaba mucho que desear. No incorporaba los valores nominales de los títulos en cartera. En relación con los gastos repercutidos por las operaciones, no informaba a los clientes de los cánones de Bolsa ni de las entidades a través de las cuales se tramitaban las operaciones.

 

El HSBC se desentiende del paradero del dinero

El apoderado de Gescartera, José María Ruiz de la Serna, ha apuntado en distintas ocasiones al Hong Kong and Shanghai Bank Corporation (HSBC) como la entidad a través de la cual la agencia de valores colocaba el dinero de sus clientes en el extranjero. Sin embargo, el director general de la filial en España, Jaime Galobart, negó ayer tal extremo en el Congreso de los Diputados, donde afirmó que desconoce el paradero de los depósitos evaporados.

Galobart reconoció que el banco opera "en todos" los paraísos fiscales conocidos, pero negó que en la entidad haya cuentas opacas y no se encuentre identificado el origen de los fondos. Reiteró una y otra vez, en respuesta a las preguntas de los diputados, que desde el HSBC no se organizó la trama internacional de Gescartera, a pesar de la relación que mantenía el máximo responsable de la filial en España, Salvador Pastor, con el propietario de la agencia de valores, Antonio Camacho.

La citada entidad había concedido una línea de crédito al propio Camacho, "a título individual", que alcanzó hace tres años 750 millones de pesetas. Con este dinero el propietario de Gescartera operó con valores del Ibex 35. Galobart negó que este crédito se le concediera a cambio del traslado de información privilegiada a la entidad.

Reuniones en Londres

La diputada socialista María Teresa Costa preguntó a Galobart si fue el HSBC la entidad que sufragó en mayo de 1993 el viaje a Londres de José María Aznar, entonces líder de la oposición; su mujer, Ana Botella; el ahora vicepresidente segundo, Rodrigo Rato; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; el entonces portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, y el diputado popular José María Robles Fraga. Galobart no facilitó a la comisión detalles de estas reuniones.

Por su parte, el presidente de la ONCE y su fundación, José María Arroyo, reiteró ayer ante la comisión que no está acreditado que la Fundación ONCE sea propietaria del 10% de las acciones de Gescartera Dinero. Defendió que nunca se llegó a materializar la toma de acciones por parte de la fundación y que, por tanto, nunca ha sido propietaria de Gescartera.

También compareció ayer ante la comisión el responsable de La Caixa en Madrid, Jesús María Zabalza, quien afirmó que Gescartera nunca tuvo las cuentas de sus clientes abiertas en esta entidad, por las "inaceptables" condiciones que querían imponer.

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