Rato acusa ahora a la CNMV de no haber tomado decisiones que debía
La magnitud política del caso Gescartera ha dejado al Gobierno "sin aliento y contra las cuerdas", en un momento en el que una parte de los ministros ya acusaba con anterioridad cierto desgaste. Esta es la opinión más extendida en la dirección del PP. Mientras, el ministro de Economía, Rodrigo Rato reconoce que la CNMV "debía haber tomado decisiones que no tomó".
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato reconoce ahora que "seguramente la Comisión Nacional del Mercado de Valores debía haber tomado algunas decisiones que no tomó, como se demuestra por lo que ha sucedido" en Gescartera. Unas palabras que contrastan con anteriores declaraciones suyas en las que calificó la actitud de la Comisión de "irreprochable".
En una entrevista que publicaba ayer el diario El Mundo, Rato explica, sin embargo, que "eso no nos tiene que hacer perder de vista que ha habido una gran operación de engaño". "Hay que revisar los criterios de funcionamiento de la CNMV pero también hay que tener en cuenta que éste no es un caso generalizado. Este es un escándalo descubierto por las autoridades".
Considera el vicepresidente segundo del Gobierno que en el "caso Gescartera" "no hay dinero público. Los estafadores no son personas con responsabilidades públicas, ni se ha utilizado el puesto para estafar a nadie. No ha habido cargos políticos que hayan puesto dinero negro en Gescartera, ni tampoco de que haya habido financiación de partidos".
Mientras, en el área económica del Gobierno se reconoce que el vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se encuentran "seriamente afectados" por el caso Gescartera, debido a la magnitud de la estafa y a la falta de solidaridad que han percibido en una parte del Gabinete. El estallido del escándalo le ha sorprendido a José María Aznar con una remodelación de Gobierno pendiente que prefirió no afrontar a la vuelta de vacaciones hasta calibrar, precisamente, todas las responsabilidades políticas en juego.
La implicación en el caso de antiguos subordinados de Rato y Montoro, como es el caso del ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna, y de altos cargos promocionados bajo su responsabilidad, como Pilar Valiente al frente de la CNMV, les ha debilitado políticamente en un momento en el que el Ejecutivo, señalan las mismas fuentes, necesitaba tomar oxígeno mediante la presentación de los primeros Presupuestos del euro y los preparativos de la próxima presidencia española de la UE.
Falta de pulso
La crisis internacional desatada por los atentados en EE UU ha hecho todavía más patente si cabe, se reconoce en Génova, 13, la falta de pulso del equipo económico. Desde esta última área y también desde el PP se lanzan las críticas más afiladas contra Enrique Giménez-Reyna. "Ha puesto en jaque al Gobierno de una forma hasta cierto punto comprensible: nos ha engañado a todos", afirma un diputado popular.
El ex secretario de Estado de Hacienda deslumbró durante años a los que se relacionaron con él en las reuniones internas de partido tanto por sus amplios conocimientos sobre fiscalidad como por la brillantez y la claridad con que los exponía. No en vano fue el artífice de la reforma fiscal que Rodrigo Rato y Juan Costa, como vicepresidente segundo y secretario de Estado de Hacienda, promovieron en 1997. "Llegó a tener tanto crédito que en la última etapa el departamento de Hacienda era suyo", se apunta en medios del PP
Después de la dimisión de Pilar Valiente al frente de la CNMV y de la ruptura de la estrategia de "voladura controlada" del escándalo pensada en un principio por Rodrigo Rato, nadie descarta dentro del PP que los acontecimientos se precipiten y rueden más cabezas.
La actuación de la Comisión determinará la responsabilidad patrimonial del Estado
El principal partido de la oposición considera que el caso Gescartera ha demostrado como ningún otro el mal funcionamiento de los servicios públicos y apunta a la posibilidad de que el Estado termine siendo el responsable patrimonial de la estafa y, por tanto, el que puede terminar obligado a compensar a los clientes que confiaron su dinero a la agencia de valores. Las cifras sobre la cantidad desaparecida aún no se conocen con exactitud, pues, si bien es cierto que el dinero reclamado no supera los 18.000 millones de pesetas, en un documento elaborado por el apoderado de Gescartera, José María Ruiz de la Serna, para su venta a un banco extranjero se maneja un volumen cercano a los 60.000 millones de pesetas.
"Aquí ha existido una inacción clara de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que en su día renuncia a intervenir Gescartera, aun conociendo las irregularidades que cometía e incluso le eleva el rango a agencia de valores", afirma el diputado socialista y catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido.
"Durante meses", continúa, "esa agencia ha podido seguir estafando a sus clientes porque la CNMV miró hacia otro lado. Como éste es un organismo público y está para garantizar la transparencia en el mercado financiero, los inversores deben confiar por lógica en que su funcionamiento es eficaz y su actuación correcta", añade.
A juicio del diputado, "existe de forma objetiva, por tanto, una responsabilidad patrimonial del Estado", con independencia de si el fallo en los mecanismos de control de la CNMV fue o no doloso. "Eso", precisa, "lo deberán decidir los tribunales".
En opinión de López Garrido, si se probara la implicación en el caso del ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna, quedaría también demostrada la responsabilidad del Estado en la estafa. "Si se manejó dinero negro, es que funcionó mal la Agencia Tributaria", concluye.
Para reclamar al Estado la responsabilidad patrimonial, basta con presentar un recurso ordinario ante el Ministerio de Economía, del que depende orgánicamente la CNMV. En caso de que este departamento denegara el recurso, debería presentarse otro contencioso administrativo ante los tribunales.