El Gobierno crea un fondo de pensiones para los funcionarios sin apoyo sindical
Los empleados públicos de la Administración general del Estado contarán a partir del próximo año con un fondo de pensiones, que en principio recibirá anualmente y en los próximos tres ejercicios un 0,5% de la masa salarial pública (7.000 millones de pesetas cada año). Este fondo es parte de la oferta retributiva del Gobierno para los funcionarios para 2002 y que los sindicatos rechazaron ayer en su globalidad. Las centrales dieron por cerradas las negociaciones y preparan ya movilizaciones.
El secretario de Estado para las Administraciones Públicas, Ignacio González, comunicó ayer a los sindicatos la oferta salarial del Gobierno para los empleados públicos de la Administración general del Estado para el año próximo.
æpermil;sta consiste fundamentalmente en un incremento de los salarios del 2% (como la inflación prevista) más un 1% adicional que se divide en dos: un 0,5% (unos 7.000 millones de pesetas) para comenzar a capitalizar un fondo de pensiones y el 0,5% restante para retribuciones variables vinculadas al cumplimiento de objetivos. Este último punto se abonaría en 2003 en una paga única y no sería consolidable en la nómina.
Aunque esta oferta concreta es para el próximo ejercicio, la intención del Gobierno es que se repita en los próximos tres años.
Sin embargo, dicha propuesta fue dura y tajantemente rechazada ayer por las principales centrales sindicales de la Mesa de la función pública -CC OO, UGT y CSI-CSIF-, que la calificaron de "escasa, ridícula y corta". Es más, dieron por cerradas las negociaciones y, en consecuencia, empezarán de inmediato a preparar movilizaciones de los empleados públicos como ya han hecho este año 2001, en el que convocaron hasta una huelga general en el sector.
A diferencia de lo ofrecido por el Gobierno, los sindicatos reclamaban una subida salarial del 4% (un 2% por la subida de la inflación, el 0,5% para el fondo de pensiones y un 1,5% como retribución variable, pero consolidable en nómina, cosa que no ocurre en la retribución variable diseñada por Hacienda).
No obstante, el secretario de Estado no admitió, en ningún momento, tras el encuentro con los sindicatos, que las negociaciones hayan terminado, pese a la inminente aprobación de los Presupuestos Generales para 2002.
Es más, aseguró que los sindicatos están dispuestos a negociar el fondo de pensiones. Este punto fue absolutamente negado por los responsables sindicales que consideran que dicho fondo "es un caramelo para que traguemos con todo el paquete", según el secretario general de la Función Pública de CC OO, Carlos Sánchez.
Bien es verdad que el Gobierno también contempla la posibilidad, más que evidente, de que no haya acuerdo con los sindicatos y en ese caso, tiene previsto incluir igualmente en los Presupuestos Generales de 2002 una partida de cerca de 7.000 millones para comenzar a capitalizar el fondo de pensiones. Además, para ello, hará falta incluir en la Ley de Acompañamiento las pertinentes reformas legales que permitan la creación de un fondo de pensiones con dinero público, algo que el Gobierno también tiene previsto hacer. Aunque el Ejecutivo ha ofrecido a los sindicatos negociar estas modificaciones legales, todo apunta a que las centrales rechazarán todo el paquete de medidas propuestas por el Gobierno. Según Carlos Sánchez (CC OO).
Esta reforma normativa servirá también para crear un marco general en el que se incluirán los numerosos fondos de pensiones (más de 400, según UGT) que ya tienen muchos ayuntamientos y algunas comunidades autónomas.
Propuesta para tres años
En cualquier caso, el fondo de pensiones para los empleados de la Administración general del Estado tendrá, en principio una dotación anual del 0,5% de la masa salarial de los empleados públicos para los próximos tres años (los que restan de legislatura), tras los que el fondo habrá capitalizado unos 21.000 millones de pesetas. Se tratará, en todo caso, de un complemento adicional a la pensión que corresponda a cada trabajador, ya que las cotizaciones de los funcionarios, y en consecuencia las cuantías de las prestaciones, no se verán recortadas en ningún momento.
No ocurrirá lo mismo con el 0,5% de retribución variable ofrecido por el Gobierno, ya que si no hay acuerdo, esta cantidad, que asciende a otros 7.000 millones de pesetas, no se presupuestará. Aunque, según González, si existiera posteriormente un acuerdo a lo largo de 2002, "se vería como modificar el presupuesto para materializar el contenido de dicho acuerdo".
En el capítulo de oferta de empleo público tampoco ha habido acuerdo. Los sindicatos volvieron a reclamar un año más la eliminación de la tasa de reposición del 25%, que sólo permite reponer una de cada cuatro bajas que se producen en la Administración. Sin embargo, desde hace algunos años existen una serie de colectivos, como el personal sanitario, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, que han quedado excluidos de esta limitación y pueden contratar el personal en función de sus necesidades.
Pues bien, el Gobierno, según el secretario de Estado, estaría dispuesto a ampliar estos colectivos, por ejemplo, a puestos en sectores de investigación y desarrollo y nuevas tecnologías, pero los sindicatos tampoco parece que vayan a considerar esta oferta por considerarla "ridícula e ineficaz" e insisten en reivindicar una mayor oferta de empleo público en todos los campos.