El Gobierno renuncia al superávit para no rebajar la inversión
El Gobierno, de cara a los Presupuestos Generales del Estado para 2002, ha decidido dar prioridad a un crecimiento de las inversiones en infraestructuras, en torno al 7%, sobre el objetivo inicial de lograr un superávit fiscal del 0,2% del PIB, para el conjunto de las Administraciones públicas.
La desaceleración económica está afectando al diseño de las cuentas públicas para el próximo ejercicio. Tanto es así que el Ministerio de Hacienda ve muy poco probable que pueda seguir manteniendo como previsión el logro de alcanzar un superávit del 0,2% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas (Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y en-tes locales).
Los técnicos del ministerio siguen haciendo números para cuadrar los Presupuestos Generales del Estado para 2002, los primeros diseñados completamente en euros. Ahora, la consigna no es ya el superávit, sino el mantenimiento de las prioridades establecidas en la orden publicada el 30 de abril en el BOE, que incluía las directrices para los próximos Presupuestos.
Entre estas prioridades se contempla el mayor rigor del gasto corriente y "dar prioridad a las infraestructuras, la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y la formación de capital humano".
El Ejecutivo desea que el próximo año se garantice que la inversión real del Estado crezca a un ritmo similar al previsto para 2001 (8,4%). En concreto, los técnicos están trabajando con tasas "en torno al 7%", según fuentes del Gobierno, lo que aseguraría una inversión que superaría 1,1 billones de pesetas. Precisamente el escaso ritmo inversor en los primeros años de la pasada legislatura ha sido una de las críticas más importantes de la oposición, que se ha repartido en los dos últimos ejercicios.
Por otra parte, el Ejecutivo sigue creyendo, al igual que en julio, que el PIB será capaz de crecer en 2002 un 2,9%, a una tasa similar a la prevista para este año (3%), a pesar de la desaceleración económica que ya se ha hecho patente en los últimos meses en forma de un menor vigor de la recaudación vía impuestos.
Precisamente ayer, el vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, aseguró en la toma de posesión de su nuevo director de gabinete, Jaime Pérez Renovales, que el ciclo no está agotado y que la desaceleración internacional no desviará a España del logro de la convergencia real con la UE y de aumentar la creación de empleo. Algo que está por ver.
El Gobierno tiene previsto, en un principio, aprobar el anteproyecto de Ley de Presupuestos en el Consejo de Ministros del día 21, y presentarlo en el Congreso cuatro días más tarde. Por tanto, aún queda medio mes para afinar las últimas cifras. En ese plazo de tiempo el Instituto Nacional de Estadística hará públicos los datos de Contabilidad Nacional del segundo trimestre del año (la economía creció un 3% en ese periodo según estimó el Banco de España) y el Gobierno conocerá los datos de la ejecución presupuestaria de los ocho primeros meses del año. Lo que sí parece seguro, según afirma Hacienda, es que se conseguirá el equilibrio presupuestario este año, asunto puesto en duda por más de un analista, a juzgar por la evolución de los ingresos tributarios.
El peso
de la tasa radioeléctrica
La consecución del superávit (0,2% del PIB) no está en función sólo de la evolución de los ingresos del Estado. También depende de otras variables aún sin determinar, como el canon que pagarán las compañías de telecomunicaciones por el uso del espacio radioeléctrico, cuya negociación se está produciendo en estos días entre el Ejecutivo y las operadoras. Esta tasa se fijó para 2001 en 160.000 millones de pesetas, una cuantía que por sí sola es equivalente a más del 0,1% del PIB.
Además, el Ejecutivo debe hacer frente al elevado porcentaje de gasto comprometido, gran parte del cual -como es el caso de las pensiones- varía en función del IPC real. Unas décimas de más sobre la inflación prevista -este año superará con creces el punto- supone en lapráctica decenasde miles de millones adicionales a pagar a los pensionistas, con cargo a los Presupuestos.
Esta es otra de las razones por las que el Gobierno se inclina, en estos momentos, por asegurar el equilibrio presupuestario para 2002, dejando un colchón cercano a los 200.000 millones de pesetas para imprevistos, entre ellos la posibilidad de que la desaceleración se agrave en los primeros meses del próximo ejercicio.