Protección de Datos centró su vigilancia sobre la banca y la publicidad en 2000
Banca, publicidad directa, solvencia patrimonial y crédito y empresas de telecomunicaciones centraron la actuación de la Agencia de Protección de Datos en 2000. Todos estos sectores acumularon la mayor parte de los expedientes de sanción abiertos por la entidad durante ese año. Madrid fue la provincia con mayor número de expedientes iniciados, seguida a mucha distancia por Barcelona.
La lupa de la Agencia de Protección de Datos se centró el año pasado sobre empresas pertenecientes a cuatro grandes sectores -banca, publicidad, solvencia patrimonial y telecomunicaciones- situadas mayoritariamente en Madrid. Así, 84 de los 146 procedimientos sancionadores iniciados en 2000 fueron abiertos en esta comunidad, seguida a mucha distancia por los 25 de Barcelona y los cinco de Bilbao.
Las entidades financieras y bancarias acumularon un total de 39 expedientes, mientras que las compañías de publicidad directa recibieron 24, las de solvencia patrimonial, 14, y las de telecomunicaciones, 11. Los colegios oficiales, la sanidad privada, la distribución y venta por correo y el uso de Internet cierran la lista de sectores empresariales expedientados.
En cuanto a las actuaciones en el sector público, las Administraciones autonómicas acumularon 19 de los 31 procedimientos de sanción acumulados, mientras que únicamente se iniciaron cinco contra la Administración central y tres contra la local. En ese sentido, la tendencia ha cambiado respecto al año 1999. Durante ese ejercicio fue la Administración local la principal destinataria de las denuncias y los procedimientos de sanción, relacionados en su mayor parte con la cesión de datos del padrón.
Baleares es el territorio cuyas Administraciones fueron objeto de la apertura de más expedientes sancionadores, con 15, seguida de Madrid, con siete, Barcelona y Barcelona, con dos.
En el apartado de inspección, la memoria de la Agencia de Protección de Datos señala que se llevaron a cabo 319 inspecciones, en su mayor parte promovidas por denuncias presentadas por los ciudadanos ante la entidad. De esas 319 actuaciones, 153 han finalizado en el ejercicio, mientras que 166 han quedado pendientes de concluir.
Crecimiento del 400%
El balance general de actividad de la Agencia es positivo en cuanto al incremento de actuaciones. Así, se produjo un importante avance en la demanda de inscripciones de ficheros, con un total de 10.512 peticiones, lo que supone un crecimiento del 400% respecto al año anterior.
Otro apartado que ha experimentado un fuerte crecimiento ha sido el del número de consultas por parte, principalmente, de las empresas. Por sectores, el negocio de consultoría y asesoría acumuló un volumen del 32% del total de consultas, incluyendo tanto las relacionadas con sus propios ficheros como las relacionadas con el asesoramiento y representación de los responsables de ficheros de otras empresas.
Les siguen las compañías de servicios informáticos, las empresas de telecomunicaciones, las entidades de banca y seguros, publicidad, sanidad y medios de comunicación. La mayor parte de las consultas planteadas, prácticamente el 70%, se concentran en Madrid, Barcelona y Valencia. Pese a ello el número de consultas en Valencia se redujo casi a la mitad en 2000.
6.000 millones de pesetas de multas en 10 años
La memoria de la Agencia de Protección de Datos del año 2000 señala que desde el año en que se creó la entidad, 1992, el importe de las multas impuestas ha alcanzado los 6.336 millones de pesetas.
De ellos, casi 2.000 millones correspondieron al pasado año, como consecuencia de los 146 procedimientos sancionadores que se iniciaron en 2000.
Como en años anteriores, la Agencia llevó a cabo planes sectoriales con los que se pretende comprobar el grado de cumplimiento y adecuación de las empresas y entidades de cada sector respecto a la legislación de protección de datos.
Entre los planes que se detallan en la memoria destaca el llevado a cabo sobre la Agencia Tributaria "para comprobar el grado de protección que por la misma se otorga al tratamiento de datos de carácter general".
Según Protección de Datos, el grado de cumplimiento de la normativa en Hacienda es satisfactorio, "aunque se encontraron ligeras deficiencias en la operativa de los ficheros". Una de las deficiencias observadas por la Agencia es la insuficiente información sobre los derechos relacionados con datos personales que contienen los impresos de la Agencia Tributaria. Otro de los aspectos en los que incide el plan sectorial es en la prohibición de que Hacienda realice cesiones de datos a otros países que no proporcionen un nivel de protección similar al que existe en España. Los planes sectoriales se llevaron a cabo también sobre la Dirección General de Tráfico y el sector sanitario.