La sociedad argentina se rebela contra un mayor ajuste económico
El Ministerio de Economía argentino revelaba el pasado viernes que uno de cada tres habitantes de Buenos Aires vive bajo el umbral de la pobreza. Eso supone que casi cuatro millones de personas, sólo en la capital y sus alrededores, no cuentan con ingresos suficientes para cubrir un mínimo de necesidades vitales.
Los argentinos arrastran tres años de recesión económica, cuyo último capítulo es el plan del déficit cero aprobado por el Gobierno. A los despidos masivos provocados por la continua caída de la actividad se suma ahora el recorte de los salarios y las pensiones públicas en un 13% y el pago de buena parte de los mismos con títulos públicos, cuya legalidad aún deben decidir los tribunales.
La respuesta no se ha hecho esperar y las convocatorias de manifestaciones sindicales en protesta por el ajuste han ido sumando espontáneamente a miles de ciudadanos que ven diluirse su futuro en los planes internacionales de saneamiento económico para Argentina.
No es de extrañar, pues, que la retirada de depósitos de los bancos haya crecido un 8% sólo en julio y en agosto siga un goteo de los pequeños ahorradores, que, según los gerentes financieros, prefieren mantener su dinero en cajas de seguridad. Al mismo tiempo, las solicitudes de visados para abandonar el país con destino principalmente a España e Italia aumentan día a día.
El déficit cero implica que el Estado sólo gastará lo que ingrese. Pero con una economía en retroceso los ingresos son cada vez menores. De hecho, la recaudación viene mostrando una estrepitosa caída en los últimos meses, sólo salvada por los anticipos a cuenta de los impuestos de las empresas. Este escenario impide cualquier actuación del gasto público para impulsar la actividad económica, bien mediante planes de infraestructuras o de empleo público, lo cual dada la situación agravará aún más la crisis económica.
De ahí, que el endurecimiento del ajuste que reclaman los organismos y las instituciones internacionales (como el FMI o el Gobierno de EE UU) como premisa para otorgar nueva ayuda financiera al país resulte tanto política como socialmente insostenible.
Los partidos afrontan unas decisivas elecciones al Senado el próximo mes de octubre y nadie quiere reivindicar el ajuste como necesario. La Alianza de Gobierno (formada por la Unión Cívica Radical y el Frente del País Solidario) presenta serias fisuras en su seno como consecuencia de los recortes y la oposición peronista está decidida a aprovechar la oportunidad para ratificar su mayoría en la Cámara alta.